La CGT anunció paro y movilización, pero para dentro de un mes. En el medio, pueden ocurrir una innumerable cantidad de cosas, como que la central desista, el Congreso le apruebe las medidas anti-constitucionales o que el bolsillo y la injusticia empujen a la calle a más y más argentinos.

Por Franco Hessling

Con asombrosa velocidad, la CGT convocó a un paro general y movilización para el próximo 24 de enero. Hizo recular al gobierno, que rápidamente retrotrajo algunos anuncios informales sobre, por ejemplo, la anulación de las paritarias. Y la velocidad asombrosa de la CGT no muestra halos extorsivos de esa cúpula sindical más de lo que revela cuán despóticas son las medidas del presidente Javier Gerardo Milei, quien se ha arrogado dotes de monarca en un tiempo récord, pretendiendo sobreponerse sobre la división de poderes pero también sobre la mismísima Constitución Nacional.

El grado de avance de las pretensiones de Milei han tenido la virtud de sacar del marasmo a la una dirigencia sindical, que hace mucho tiempo está más cerca de los intereses empresariales y dirigenciales que de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, ni lerdos ni perezosos en lo que ha rehuir la lucha respecta, la cúpula de la CGT pateó el problema para casi un mes después. ¿Qué puede pasar hasta el 24 de enero?

Una catarata de hechos podría avenir. Desde que asumió el nuevo gobierno todos los días hay noticias o especulaciones, trascendidos. Hierve la información y brota a borbotones por redes, canales, panfletos y reels, aunque las precisiones conducen, hasta el cierre de esta edición, a dos grandes asuntos procedimentales: el mega DNU anunciado en diciembre y la Ley Ómnibus, que deberán tratarse por el Congreso en sesiones extraordinarias.

El tratamiento parlamentario del DNU exige una comisión bicameral que ofrezca dictámenes, de la que Juan Carlos Romero forma parte, y para aprobarse debe ser aceptado por una de las dos cámaras -Senado o Diputados-. La Ley Ómnibus sigue el curso de los proyectos que presenta cualquier Poder Ejecutivo, debe ser aprobado en ambos cuerpos para convertirse en ley. Mientras tanto, el oficialismo implementa el decreto porque ya entró en vigencia. Por eso, en principio, hasta el 24 de enero pueden ocurrir una enormidad de cosas que luego podrían deshacerse si el instrumento pierde rápidamente plena vigencia.

Mientras tanto, el Congreso se apresta, ya desde hace varios días, a tomar el asunto de una vez por todas. Lo dilató cuanto pudo. Pero el torbellino libertario ya sacó del marasmo a la CGT y pronto hará lo propio con el Legislativo. Recuérdese que el propio presidente Milei se acopló rápido a esa dinámica liviana de ritmo laboral que tienen los parlamentarios: como diputado nacional se ausentó a la mitad de sus obligaciones y no presentó ni defendió ningún proyecto de ley relevante en aproximadamente dos años con un escaño.

En las próximas semanas, el proyecto de ley y el DNU se tratarán insoslayablemente, el paro de la CGT podría hasta levantarse. De hecho, la conjunción de tradiciones sindicales vandoristas y de los gordos de los 90 ha devenido en una dirigencia que “golpea y negocia”, pero considerando “golpes” los meros anuncios de paros, más que los paros de hecho -la UTA ha hecho una antología de situaciones así: amenazar con paro buscando negociar rápido y desmovilizar el paro-. No extrañaría, entonces, que la CGT esté esperando ansiosa el llamado de Guillermo Francos o de Nicolás Posse. El tema es si éstos están dispuestos a telefonear para rediscutir algunas cositas con lo más rancio de esa burocracia sindical. Armando Cavalieri de Comercio, se apresuró a celebrar la reforma laboral antitrabajadores por decreto.

El gobierno se muestra arrogante, pero más dispuesto a dialogar con la casta que ha respetar la democracia. Muchos en el entorno del presidente, como el propio Francos, tienen destreza en la política palaciega, la rosca de cafetín y los asados con dirigentes. Que no extrañe que en algún momento apunten a invitar a esa mesa al mismísimo Juan Grabois, aclamado mesías del progresismo post-CFK. Entre él y Axel Kiciloff saldrá el hijo pródigo del sector que se alimente de las reminiscencias del kirchnerismo en los próximos años.

El “poroteo” del oficialismo, entonces, podría resultar para aprobar el DNU e incluso grandes partes del proyecto de Ley Ómnibus, muchas cargadas de autoritarismo, saqueo -en forma de liberalización- y medidas antipopulares contra el consumo interno y el poder de compra de los argentinos. Es curioso tener que hacerles esta advertencia a los libertarios, seguidores del anti-casta Milei: cuidado, no toda la dinámica política se explica por rosca palaciega y apoyo institucional. Las instituciones de una democracia devenida en plutocracia podrían crujir con aires levantiscos, respuesta lógica a medidas de tan acentuado carácter antipopular.