Desde las decisiones económicas en países del norte transatlántico hasta movilizaciones y protocolos de acción policial, todo va en el mismo sentido que nos indican las grandes maquinarias de dominación yanqui desde la segunda guerra mundial.

Por Franco Hessling

En la columna anterior decíamos que una honda crisis económica está golpeando el viejo continente después de la pandemia y con la guerra ruso-ucraniana. Las big tech, en particular, han venido anunciando recortes en los puestos de trabajo que se cuentan en miles y otros rubros de la telemática se mantienen alertas por el efecto de la nueva normalidad en el sector.

En Francia, en particular, el gobierno de Macron pretende incrementar el umbral de la edad jubilatoria llevándolo un bienio más allá, de los 62 a los 64 años. En Argentina, remarquemos, los hombres se jubilan a los 65 años y las mujeres a los 60. El régimen galo, como en la mayoría de los países transatlánticos.

La intención de Macron se inscribe en una órbita política muy típica de nuestros tiempos, donde la seguridad previsional y los subsidios para servicios públicos han sido puestos por el FMI como los grandes causantes de dos índices económicos, también erigidos por el FMI como “problemas”: el déficit fiscal y la inflación.

La reforma del sistema previsional argentino estuvo cerca de consustanciarse durante el gobierno de Macri, y se interrumpió menos por las convicciones del peronismo que por la gran movilización popular que encabezó la izquierda y que nos dejó el imborrable recuerdo de un muchacho de lentes, barba y barriga con un lanza-cohetes, que el gobierno y la derecha vieron como un arma hechiza, por el que el gobierno hizo un pedido de captura.

Al fin de cuentas, la movilización es la única herramienta contra ciertos abusos de poder en los que comulgan dirigentes de las más variopintas poses ideológicas. Así ocurrió con los chalecos amarillos en la propia Francia antes de la pandemia, así ocurrió ayer con el “Walkout wednesday” en el Reino Unido, así pasó durante el macrismo con el intento de reforma previsional y laboral.

Consciente de eso, y merece un párrafo aparte, en esta semana el flamante ministro de Seguridad de Salta, Marcelo Domínguez, elaboró un protocolo para criminalizar la protesta que en mucho se parece con las intenciones represivas de lo que en Chile se conoció hace unos años como “Ley Hinzpeter”, en honor al déspota que proponía la iniciativa. Al documento salteño, entonces, para darle honor a nuestro fascista doméstico lo podríamos llamar “Protocolo Domínguez”.

Y así, el guión del FMI y de la doctrina “tolerancia cero” que también proviene de los Estados Unidos, muestras que lo global está tan imbricado en lo local que desde los recortes hasta las represiones van en un sentido parecido en el primer mundo tanto como en nuestras humildes tierras. Y la movilización, las calles y la autoorganización, siguen siendo el único blasón que le causa pavor a las oligarquías.