Noel Eugenio Breard

El eventual traslado de la embajada argentina en Israel a Jerusalén no es una decisión administrativa más ni un gesto simbólico aislado. Es, ante todo, una cuestión jurídica, institucional y estratégica que pone a prueba la coherencia de la política exterior argentina.

En el plano interno, el punto de partida es claro y no admite interpretaciones forzadas, la ley 14.025, sancionada en 1951, establece la localización de la representación diplomática argentina en Israel. No se trata de una disposición meramente indicativa: es una norma vigente que solo puede ser modificada por el Congreso de la Nación, en el ejercicio de sus facultades constitucionales.

Por lo tanto, cualquier intento de trasladar la embajada por decisión del Poder Ejecutivo (sea mediante decreto o acto administrativo) implicaría una vulneración directa del principio de legalidad. No es un debate ideológico ni geopolítico en primera instancia: es una cuestión de respeto al orden jurídico. Cuando una decisión de esta naturaleza se adopta por fuera del Congreso, no solo se elude el procedimiento constitucional, sino que se erosiona la división de poderes y se abre un conflicto institucional innecesario.

Ahora bien, el análisis no se agota en el plano interno, en el ámbito internacional, la cuestión de Jerusalén ha sido objeto de múltiples resoluciones de las Naciones Unidas. Es cierto (y debe decirse con precisión jurídica) que las resoluciones de la Asamblea General no tienen carácter vinculante en sentido estricto. No crean obligaciones jurídicas coercitivas para los Estados. Sin embargo, esto no las vuelve irrelevantes.

Estas resoluciones expresan consensos políticos amplios de la comunidad internacional y configuran un marco de referencia que orienta la conducta de los Estados. En particular, la resolución adoptada en 2017 declaró “nulo y sin valor” el reconocimiento unilateral de Jerusalén como capital de Israel, reafirmando su estatus especial como territorio en disputa.

Desestimar ese marco bajo el argumento de su no vinculatoriedad sería un error de análisis, en política exterior, la legitimidad no se construye únicamente sobre normas obligatorias, sino también sobre la consistencia con principios compartidos. Ignorar estas resoluciones no genera una infracción automática, pero sí implica apartarse de una posición mayoritaria del sistema internacional.

Sin embargo, el punto más sensible no es ni jurídico ni formal, es político y estratégico: la coherencia.

El propio Presidente de la Nación, en el acto del 2 de abril, en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, denunció con firmeza que el Reino Unido está otorgando licencias unilaterales a empresas extranjeras para la exploración y explotación de recursos energéticos en la zona en disputa, violando el derecho internacional y desconociendo la posición argentina.

Esa denuncia se apoya en un principio central de la política exterior argentina: el rechazo a los actos unilaterales en territorios en litigio. Es un eje histórico, sostenido por distintos gobiernos y respaldado por resoluciones internacionales que instan a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que modifiquen la situación mientras persista la controversia.

Aquí es donde aparece la contradicción, si Argentina cuestiona (con razón) las acciones unilaterales del Reino Unido en Malvinas, ¿cómo puede al mismo tiempo convalidar o acompañar una decisión unilateral respecto de Jerusalén, cuyo estatus también es objeto de disputa internacional?

No se trata de equiparar conflictos distintos, sino de sostener una línea de conducta coherente. La política exterior no puede funcionar con doble estándar sin pagar costos, la inconsistencia debilita la credibilidad y erosiona la capacidad de sostener posiciones firmes en los foros internacionales.

Esta preocupación no es teórica ni marginal, el Parlamento del Norte Grande, reunido el 14 de abril en Tucumán, expresó con claridad esta inquietud en una resolución aprobada por unanimidad, las provincias del NEA y NOA instaron al Gobierno Nacional a no avanzar con el traslado de la embajada a Jerusalén ni con su reconocimiento como capital de Israel.

El argumento central fue precisamente la necesidad de evitar una política exterior errática e incoherente. Las provincias señalaron que una decisión de este tipo, adoptada en forma unilateral y en el contexto de un territorio en conflicto, entra en tensión con la posición histórica argentina en Malvinas y debilita su legitimidad.

Este pronunciamiento tiene un valor político significativo, no solo expresa una postura institucional, sino que refleja una mirada federal sobre la inserción internacional del país. Las decisiones de política exterior no son neutras: impactan en las relaciones comerciales, en los vínculos diplomáticos y en la proyección estratégica de la Argentina.

El traslado de la embajada a Jerusalén implicaría, además, un alineamiento explícito con un reducido grupo de países que han adoptado esa posición, alejándose del consenso mayoritario de la comunidad internacional. Este movimiento no es inocuo, tiene implicancias concretas en términos de relaciones bilaterales, posicionamiento geopolítico y márgenes de negociación futura.

En definitiva, el debate sobre Jerusalén no puede reducirse a una consigna ni a un gesto político, involucra dimensiones jurídicas, institucionales y estratégicas que deben ser consideradas con responsabilidad.

Respetar la ley 14.025 no es una formalidad: es defender el rol del Congreso y la vigencia del Estado de Derecho. Reconocer el peso de las resoluciones de Naciones Unidas no implica subordinación, sino comprensión del sistema internacional en el que Argentina se inserta. Y sostener coherencia con el reclamo por Malvinas no es una opción: es una condición indispensable para preservar credibilidad y legitimidad.

La política exterior de un país se construye sobre principios, no sobre impulsos, cuando esos principios se vuelven inconsistentes, lo que se debilita no es solo una decisión puntual, sino la posición del país en el mundo.

Y en un contexto internacional complejo, la coherencia no es un lujo: es un activo estratégico que la Argentina no puede darse el lujo de perder.