Por Antonio Marocco

Otra vez la contradicción. Otra vez la supuesta política anticasta volvió impulsar una medida a favor del privilegio y la prebenda empresarial a costa de los impuestos, el trabajo y la producción de los argentinos.

Primero lo hicieron con las prepagas de salud y los alimentos. Lo hicieron luego con el transporte público y los servicios. Liberaron el precio del cable, del teléfono e internet. Todo a favor de los grupos económicos que mayores ganancias reportaron en la última década y en detrimento de los argentinos que perdieron su poder adquisitivo como nunca.

Como si no fuera suficiente, ahora se metieron con la producción y la comercialización del tabaco, una de las principales industrias regionales del NOA. Triunfó el lobby. Para privilegiar al “Señor Tabaco”, el oficialismo eliminó por completo el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus que buscaba el equilibrio y la igualdad de condiciones impositivas para el desarrollo del sector.

Todo, a favor de un solo grupo empresarial, que por artificios contables todavía se considera pyme para no pagar los impuestos que debería.

Estamos hablando de la Tabacalera Sarandí. En primer lugar, importan el tabaco perjudicando a la producción salteña. Además, a raíz de no tributar como el resto de las compañías del sector, lograron acaparar el 40% del mercado de cigarrillos en todo el país.

Es decir, se trata de la empresa que más paquetes vende, pero que —gracias a los beneficios fiscales que obtuvo durante el gobierno de Macri en 2018— es también la empresa que menos tributa.

El continuo privilegio otorgado a este magnate del tabaco se traduce en una traba para los ingresos nacionales mediante el Fondo del Tabaco, que en 2023 alcanzó la cifra de $65 mil millones y que se distribuye entre las provincias tabacaleras para fomentar la producción, el empleo, obras de infraestructura y políticas sociales.

Afortunadamente el reclamo del gobernador Gustavo Sáenz recibió el apoyo de todo el Norte Grande y el veredicto final no está escrito. Será el Congreso quien terminará decidiendo entre privilegiar a una empresa multimillonaria o defender la producción y el empleo del interior del país.

Vamos a trabajar para que todos los legisladores nacionales por Salta estén a la altura de las circunstancias y defiendan desde sus bancas los intereses de los salteños. Aunque sería ingenuo esperar eso de algunos, impermeables a la sensibilidad social y al sentido común.

No sería raro encontrar a esos legisladores justificando y apoyando esta nueva embestida del Gobierno Nacional a favor de la verdadera casta empresarial y en contra de nuestra economía regional y el empleo local.

No defendieron la obra pública salteña ni el incentivo docente, apoyan el ajuste y los tarifazos que golpean el bolsillo de los salteños, se hacen los distraídos frente a la epidemia del dengue y, como si fuera poco, festejan el recorte presupuestario a la UNSa. En fin, dentro de no mucho tiempo la sociedad y la historia juzgarán.

Mientras tanto, nosotros no vamos a aflojar. No dejaremos que el lobby vuelva a atropellar los intereses de nuestra provincia y de toda la Argentina profunda.