María Victoria Val, presidenta de Fundación Espacios, en una entrevista con Punto Uno explicó la delicada situación que enfrentan las instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad.

Con pagos sin actualizar desde hace más de un año y una inflación que superó el 200%, muchas instituciones están complicadas.

Así lo describió Val, líder de una ONG que actualmente atiende a unas 300 personas y se especializa en la atención a niños, jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva, incluyendo a pacientes con síndrome de Down, parálisis cerebral y, en particular, una creciente población de personas con condición de espectro autista.

Comentó que cuenta con un equipo de 100 profesionales, que ofrece atención psicológica, terapia ocupacional, psicopedagogía, apoyo escolar y talleres diversos, todos ellos indispensables para el desarrollo y la inclusión.

Durante los años 2024 y 2025, los prestadores nacionales, como Fundación Espacios, no recibieron ningún incremento en los pagos por las prestaciones brindadas, a pesar de una inflación anual que superó el 200%.

"El único aumento que se otorgó fue de un 29% entre octubre y diciembre de 2025, un incremento que fue muy por debajo de la inflación", afirmó. Esta diferencia ha generado una gran presión económica sobre la institución, que se ve obligada a lidiar con aumentos en el alquiler del edificio, los insumos y los sueldos del personal.

A lo largo de este periodo de inestabilidad económica, la fundación ha tenido que reducir la calidad del servicio que ofrece. "Nuestra capacidad de mantenimiento se vio seriamente mermada", señaló.

La mayoría de los pacientes de la Fundación Espacios accede a los servicios a través de obras sociales o del programa Incluir Salud, pero como resalta Val, estos servicios no cubren adecuadamente las necesidades del sector.

Las instituciones actualmente no reciben apoyo estatal y dependen exclusivamente de los pagos que se realizan a través de las obras sociales, que están completamente desactualizados en relación con los costos reales de los servicios.

"Nosotros trabajamos bajo el sistema del nomenclador nacional, que establece los valores que deben pagar las obras sociales por nuestras prestaciones. Pero desde 2024, las actualizaciones de esos valores no se han dado", explicó.

Frente a esta crisis, reclamó urgente al Gobierno Nacional. "Lo que más necesitamos es que se respeten los derechos de las personas con discapacidad y que se garantice el acceso a las prestaciones que necesitan. Las familias no pueden esperar más", concluyó.