Completando la ronda de consultas sobre el proyecto de Ley de Reforma del Código Procesal Penal de la Provincia, que cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, las comisiones de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, en conjunto con la de Justicia, Acuerdos y Designaciones del Senado, recibieron en reunión ampliada a representantes de la Corte de Justicia.

El encuentro fue encabezado por el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad, en conjunto con los presidentes de la Comisión de Justicia, Jorge Soto y de Legislación General, Javier Mónico. Por la Corte asistieron su presidenta, Teresa Ovejero y el juez Pablo López Viñals.

López Viñals calificó la reforma como un momento histórico, señalando que, al completar la transición iniciada en 2011, el nuevo Código Procesal Penal constituirá un cambio radical en la administración de justicia de Salta. Subrayó que este es un código absolutamente nuevo, que reemplaza el uso del acta de papel como soporte principal del proceso, una práctica que a menudo causaba demoras innecesarias debido a las formalidades en la redacción. Según López Viñals, la incorporación de video grabaciones no solo mejora la eficiencia, sino que también garantiza transparencia en los procedimientos judiciales.

Por su parte, Ovejero destacó que la reforma es una herramienta útil para brindar un mejor servicio de justicia, orientada siempre a mejorar la experiencia del justiciable, con un enfoque en la agilidad y eficacia del sistema, buscando hacer la justicia más accesible y transparente para la ciudadanía.

Entre los temas que generaron observaciones de abogados y magistrados se destacaron el plazo de tres días para resolver la prisión preventiva y la revisión horizontal de los recursos.

Los jueces de Corte expresaron su apoyo a la medida, reconociendo que la reducción de los tiempos de espera es fundamental para garantizar la celeridad y la transparencia en los procesos. López Viñals consideró que, en la práctica 72 horas son suficientes y argumentó que se deben eliminar los modos burocráticos que provocan demoras innecesarias. En casos de mayor complejidad, aclaró, el plazo podría extenderse, pero solo de forma excepcional.

En cuanto a la revisión horizontal de recursos, el juez destacó su valor como mecanismo para agilizar las respuestas judiciales. Este cambio evita la concentración del poder en un solo órgano, garantizando una mayor democratización de la justicia. De acuerdo con el modelo ya vigente a nivel federal, la horizontalidad en la revisión permitirá mejorar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.

La reforma también refuerza la oralidad en los procesos y potencia el uso de la tecnología para mejorar el acceso a la justicia. La doctora Ovejero destacó el éxito del plan piloto de oralidad implementado durante los últimos dos años y medio, que arrojó resultados positivos con estadísticas comprobables.

Anticipó que con 20 salas de audiencia equipadas y listas para su puesta en marcha, el sistema de oralidad podría implementarse en febrero, sin necesidad de expandir significativamente la infraestructura edilicia, gracias a la virtualidad.