La Fiscalía de Impugnación Nº 2, a cargo de Mónica Poma, dispuso reabrir una causa que investiga si hubo aportes compulsivos al partido La Libertad Avanza, lo que podría ser considerado coacción y abuso de poder.

La investigación se inició a partir de la denuncia de Cristian David Achával, exdirector de la oficina de ANSES en Metán.

Según Achával, luego de asumir en septiembre de 2024, integrantes del partido libertario le exigieron hasta un 10 % de su salario para aportes partidarios. Detalló que esos pagos debían realizarse “a través de asesores, cuentas vinculadas al partido Ahora Patria o en efectivo en oficinas políticas”.

El denunciante afirmó además que recibió presiones directas de Orozco, que incluían maltrato telefónico y pedidos de participación en actividades proselitistas dentro del organismo previsional: “vi cómo a un compañero lo hicieron renunciar por no aportar”, sostuvo Achával, al referirse al exdirector de ANSES Salta Norte, Gustavo Pantaleón.

Investigación

En su momento, la denuncia había sido desestimada por un fiscal penal de primera instancia, quien la consideró un “conflicto de índole privada”. Pero la fiscal Poma revirtió esa decisión y ordenó avanzar con la investigación.

Las medidas tomadas incluyen la solicitud de informes a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal y al propio partido La Libertad Avanza. En el marco de la investigación, se busca determinar si los aportes reclamados por dirigentes como Orozco, Carlos Zapata y Ricardo Ortega cumplen con la normativa electoral o constituyen delito por extorsión o abuso de poder.

La fiscalidad interviene sobre prácticas que alcanzan el corazón del poder provincial. Se investiga si el uso de la estructura estatal fue para financiar campañas políticas. Orozco ahora enfrenta un escenario judicial espinoso con posibles consecuencias legales.

Con la reapertura de la causa, la legisladora libertaria queda bajo la lupa por supuestas exigencias económicas hechas desde su círculo político. Si la investigación avanza y produce pruebas fehacientes —como audios o registros de transferencias— el poder judicial podría imputarla formalmente por lavado, coacción o abuso de autoridad.

La Fiscalía de Impugnación Nº 2 abrió una luz de alerta judicial sobre Orozco y su entorno político. Ahora la causa penal corre, y con ella, el peligro de que expedientes íntimamente ligados al partido pasen al escrutinio público y judicial.

1 millón y medio solo para el local del centro

La denuncia se sustenta en un audio difundido en el que Ortega —el recaudador partidario— explica cómo se exige un porcentaje fijo del salario a empleados, justificando el pedido bajo el argumento de que “todos cobran muy bien”.

En la grabación, Ortega detalló que el aporte obligatorio bajó del 10% al 5% y menciona que recibe los recibos de sueldo por parte de trabajadoras para verificar los montos.

Incluso menciona con nombre y apellido a Gustavo Pantaleón, exdiputado provincial, como ejemplo de sanción por incumplimiento. Uno de los pasajes más comprometedores revela que Ortega calcula que la “Casa de La Libertad Avanza” en Salta necesita unos 1.500.000 pesos mensuales para sostener sus gastos operativos.

 Como método de recaudación, sugiere dos canales: efectivo entregado en la oficina o transferencia bancaria a una cuenta del partido Ahora Patria, partido de Alfredo Olmedo. El director de Anses Metán denunció a Orozco y Zapata