El gobernador Gustavo Sáenz criticó al Gobierno Nacional por la eliminación de la modificación de Impuestos Internos al Tabaco que estaba prevista en el Capítulo Fiscal del nuevo proyecto de la ley de Bases, presentada el martes pasado ante el Congreso.

Señaló que "un grupo de diputados que desconoce el interior argentino y sus economías regionales, junto a otro que se arroga espuriamente la representación del Sector Tabacalero, le torcieron el brazo del Gobierno que dice combatir la casta”.

El gobernador de Salta calificó a la decisión del oficialismo como "una prebenda" y afirmó que esta decisión la pagan "las provincias tabacaleras del norte, que han sufrido una pérdida acumulada de más de 700 millones de dólares en concepto de menor recaudación del Fondo Especial del Tabaco”.

"Sacaron del Capítulo Fiscal la modificación de Impuestos Internos al Tabaco, que iba a terminar con el privilegio de una sola empresa. Una empresa que se autopercibe PyME pero factura más de 800 millones de dólares; que se dice nacional pero no compra ni un kilo de tabaco argentino porque importa de Brasil por más de 40 millones de dólares al año; que opera desde 2018 sin pagar el Impuesto Interno Mínimo y gracias a eso vende muy por debajo del precio de sus competidores", expresó el gobernador salteño.

Sáenz aseguró que esta modificación afecta a una economía regional que mantiene a más de 200 mil personas y exporta el 80% de su producción".

Remarcó que "también lo pagan los argentinos, a través de un costo anual de un billón de dólares que se dejan de recaudar en concepto de Impuestos Internos, coparticipables entre las 24 jurisdicciones del país y el Tesoro Nacional”.

Y cerró: "Señor Presidente, las provincias del Norte, y todos los ciudadanos del resto del país, le pedimos que no claudique ante las presiones e intereses que usted mismo ha atacado en público. No se deje ganar por el Señor Tabaco".

Intereses en juego: ¿quién realmente gana?

Dos pesos pesados del mundo del tabaco, Tabacalera Sarandí y Massalin Particulares, han estado haciendo lobby para influir en la legislación y así asegurar un marco regulatorio que los beneficie.

Todas las miradas apuntan a tres legisladores nacionales, quienes habrían jugado para esos intereses. Entre los señalados se encuentran Cristian Ritondo, Diego Santilli, Carlos Castagneto y el olmedista Carlos Zapata.

Desde su creación en 2017, Tabacalera Sarandí ha estado en el ojo del huracán al no pagar el impuesto interno mínimo, alegando desigualdades en comparación con las multinacionales. Esta exención le ha permitido ofrecer sus productos a precios considerablemente más bajos, ganando así una participación de mercado significativa en poco tiempo.

El controvertido artículo 189 y sus modificaciones en la ley de Bases prometían cambiar drásticamente este panorama al elevar el impuesto interno y eliminar el mínimo, nivelando así el campo de juego para todas las empresas del sector. Sin embargo, estas medidas no solo afectarían a las empresas, sino que también tendrían un impacto directo en la recaudación estatal, privando al gobierno de ingresos significativos que podrían haber sido obtenidos mediante el impuesto mínimo.

Situación de privilegio de Tabacalera Sarandí

El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable Martín de los Ríos dijo: “Nosotros esperábamos que esa situación se resuelva a partir del apartado referido al Tabaco en el Capítulo Fiscal. Y nos enteramos anoche que se iba a eliminar ese capítulo del proyecto Ley de Bases y Condiciones que se discute en el Congreso Nacional”.

Esta situación de privilegio que viene sosteniendo Tabacalera Sarandí está perjudicando al sector tabacalero como Economía regional salteña, y a las más de 200 mil personas que están vinculadas directa o indirectamente a esa actividad.

“Y además afecta al erario provincial. Puntualmente al Tesoro Provincial salteño, calculamos que dejan de ingresar $6 mil millones por coparticipación del impuesto interno. A eso hay que sumarle lo que deja de percibir dentro del Fondo Especial del Tabaco, que son alrededor de $20 millones”, subrayó.

Por otro lado, esta situación afecta a Nación, ya que el precio más barato al que se venden los cigarrillos de la industria Sarandí, a partir del no pago del Impuesto Interno, repercute en la recaudación del IVA, que es un impuesto coparticipable para todas las Provincias.

Por su parte, el senador Cornejo, quien denunció penalmente a Zapata, recordó que la dirigencia tabacalera, de la que él también forma parte, realizó distintas acciones tanto judiciales como administrativas para revertir este privilegio que se la ha dado a la Tabacalera Sarandí. “Incluso hemos marchado hasta Buenos Aires, en septiembre del año 2022, para repudiar un fallo concedido por la Justicia Federal que permitió a la empresa no tributar el Impuesto Interno”.

Cabe recordar que anteriormente la Corte Suprema de Justicia revocó la medida cautelar que favorecía a Sarandí, entendiendo la premisa de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, posteriormente, tribunales inferiores siguieron emitiendo medidas cautelares que favorecen a esta tabacalera.