La primera sensación, cuando se van develando detalles del -cuando menos- polémico viaje de jueces, periodistas y funcionarios de la oposición a las tierras del millonario Joe Lewis en Lago Escondido, en Río Negro, es de impotencia.

Por Pablo Borla

Enseguida le cuento por qué. Primero, algunos detalles:

Lewis es inglés, pero vive casi todo el año en Bahamas. Normalmente pasa en su lujosísima mansión rionegrina cuatro meses por año.

Compró las 12.000 hectáreas de Lago Escondido en la década de 1990. En su momento trascendió que lo hizo por unos 12 millones de dólares, un precio sumamente bajo. La adquisición generó y genera polémica y está prohibida en la mayoría de los países del mundo porque normalmente no se permite la extranjerización de tierras estratégicas, como las de la zona, colindante con acuíferos, en un planeta que no tardará demasiado tiempo en comenzar a librar guerras por tierras con extensiones de agua dulce.

Amigo de cierta parte muy importante del poder argentino, sobre todo de la derecha neoliberal, y con sólidos lazos con la cúpula del Grupo Clarín, trascendió que el empresario compartió jornadas -con todos los gastos pagos por Clarín, incluido el transporte- con destacadas figuras de la justicia, los servicios de inteligencia, miembros de Clarín y políticos.

Esto -que había sido comentado sin mayor trascendencia hace un par de semanas por el diario Página 12- salió a la luz mediante un supuesto hackeo al celular del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, que contenía un chat de un grupo de Telegram formado por jueces y fiscales que tienen protagonismo en procesos muy notorios como el de Vialidad; el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, empresarios del Grupo Clarín y personal de Inteligencia. En los diálogos de ese chat -que incluyen mensajes de voz de destacados protagonistas del quehacer nacional- se deduce que lo que se pretendió organizar fue el ocultar el viaje; fraguar pruebas y obstaculizar una incipiente investigación sobre el viaje a Río Negro que compartieron.

El chat no sirve como prueba -por su origen espurio- en un proceso judicial, pero muestra -de comprobarse acabadamente su veracidad- la impunidad con que se mueven algunos sectores del poder nacional y como sus límites éticos tienen una elasticidad más deseable en bandas de goma que en prohombres del Estado.

Mientras que el presidente Alberto Fernández eligió hablar del tema en cadena nacional, ordenando al Ministerio de Justicia que impulse acciones penales para determinar si se cometió algún delito, el diario implicado se dedicó a desacreditar la noticia, tratando de embarrar el panorama con una vinculación del escándalo a la sentencia que darían los jueces por la causa denominada “Vialidad” e hizo un repaso por todos los casos de corrupción vinculados al gobierno kirchnerista; acusó al Presidente de avalar el espionaje ilegal y dio espacio al descargo del ministro porteño D’Alessandro. Menos detalles de la situación, hay de todo.

La Nación, dedicó un par de breves artículos al discurso presidencial y a una historia de los audios e INFOBAE mencionó a la cadena nacional de Fernández, ambos medios allá en el fondo del tarro, restando importancia a la noticia. Pero, curiosamente, compartió título con Clarín acusando a Fernández de avalar el espionaje ilegal. Ambos medios también mencionaron, el apoyo de Rodríguez Larreta, la probidad de su ministro con un mensaje de poca calidad: le echó la culpa al kirchnerismo de operaciones de inteligencia.

Eso, por mencionar solo a los tres principales medios periodísticos nacionales por influencia y alcance digital y en papel, operando en respuesta a sus propios intereses.

Nadie escupe para arriba, por cierto.

Un hecho gravísimo, que desnuda los vínculos reales del poder y aún más, la posible comisión de delitos como funcionario público con la aceptación de prebendas privadas, y que seguramente en breve pasará al olvido, bloqueo mediático y Mundial mediante, pero por sobre todo, por el escepticismo y el desinterés de muchísimos argentinos para quienes este tipo de hechos ni los extraña ni los escandaliza, porque la suposición es que es parte de la normalidad, en un país que convierte rápidamente los pecados mortales en pecados veniales.

Si la presencia habitual de jueces y fiscales en la quinta de Olivos, durante el gobierno macrista, para luego ser parte de procesos que involucran a personalidades de la facción contraria, ya era escandalosa por su gravedad, pero también por su intrascendencia en la población, podemos suponer que ahora pasará lo mismo, porque a la mayoría de los argentinos no parece importarles, ni tienen entre sus prioridades la calidad institucional ni valoran la independencia de los diferentes Poderes del Estado.

Indiferencia, aceptación y cierto grado de impotencia parecen cruzar la relación del común de la gente con los Poderes que nos gobiernan, nos juzgan y hacen las leyes que rigen nuestra convivencia.

A lo sumo, la liga el Poder Ejecutivo, esa cenicienta nacional que muta cabezas visibles mientras el poder real sigue ahí, desde hace siglos, transmitido de padres a hijos y entenados, resolviendo negocios y asuntos de estado por igual, en un asado en un quincho, en unas vacaciones lejos de los medios curiosos, asomándose a la luz pública solo cuando la otra parte del poder, así lo decide.