El gobierno de Cristina Fernández o de Alberto Fernández, según como se lea, decidió incumplir un fallo de la Corte que habilita el pago de impuestos por la Coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, lo que habilita un sin números de posibilidades de cuestionamientos constitucionales.

Por Natalia Aguiar

El Poder Ejecutivo y un grupo de gobernadores afines al Gobierno, desconocerán un fallo judicial y entonces toda la letra de la ley, queda de lado una vez más, como acostumbra el kirchnerismo. Nuestra organización estatal está sustentada en la división de poderes y en el control recíproco de ellos entre sí. La desobediencia implica no sólo pinceladas de autoritarismo y abuso de poder sino también desconocer la letra constitucional y todo nuestro sistema republicano y federal.

La decisión judicial obliga al Gobierno nacional a frenar la quita de fondos que impuso sobre la ciudad de Buenos Aires y que no se acate el mandato judicial preocupa sobremanera a los juristas. De hecho, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado en el que sus integrantes expresan que “las decisiones judiciales deben ser acatadas”. Analizan además que “en vez de acatar la decisión y ver de qué modo ejecutarla, el Presidente de la Nación, junto con un grupo de gobernadores provinciales” anunció que “recusará a sus miembros de la Corte y deducirá un recurso para intentar modificar la sentencia”. Para los abogados el planteo de un recurso por parte del Gobierno ahora resulta tardío e improcedente y agregan que “como regla general, las sentencias de la Corte Suprema son inapelables, inmodificables, a menos que excepcionalmente se haya incurrido en algún error material. Aquí no se invoca un error material. En su lugar se afirma que la sentencia detrae fondos de las provincias, lo cual es falso y que es un fallo ‘partidario’, retórica que se desentiende del equilibrado razonamiento empleado en la sentencia. De hecho, estamos ante una decisión que defiende el llamado federalismo de concertación de manera ejemplar. Por último, se sostiene que estaríamos ante un fallo sin precedentes, cuando basta leer la sentencia para identificar casos anteriores que la Corte ha considerado semejantes en aspectos sustanciales”, esgrimen los entendidos. “Las decisiones judiciales de la Corte y de cualquier otro tribunal pueden ser criticadas con vehemencia, pero deben ser acatadas”.

“Todo el edificio de la República reposa en última instancia en esa idea, sin la cual sería imposible mantener la paz social porque los conflictos se dirimirían por la fuerza. El Poder Ejecutivo está al borde de alzarse contra una sentencia de la Corte, que es tanto como alzarse contra la Constitución. La gravedad institucional, en tal caso, sería inusitada y de consecuencias impredecibles”, concluye el comunicado.

Por su parte una asociación de setenta años de existencia como lo es el Club del Progreso también lamentó: “El respeto debido entre los distintos poderes que concurren al sano equilibrio de fuerzas diseñado en nuestra Constitución Nacional se encuentra amenazado por actos unilaterales que bordean los extremos peligrosos de la anomia y la anarquía”. Además, muy acertados en sus expresiones vertieron la propuesta de que se dicte la ley de Coparticipación que lleva 26 años de demora. “Esta falencia e inconstitucionalidad por omisión configura la raíz de este y otros conflictos que podrían evitarse si se asumiera el debate democrático para lograr los consensos y acuerdos para la necesaria ley convenio prescripta por los constituyentes de 1994″, advierten.

Cuestionamientos penales

Esta postura de Alberto Fernández y los gobernadores provocó la reacción de la oposición que realizó una denuncia penal. Para Horacio Rodríguez Larreta lo que hace Fernández es “quebrar el orden institucional”. Se refiere, claro, a su decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituyó los fondos de coparticipación que el gobierno nacional le había quitado. “Altísima gravedad institucional”, calificó Larreta a la maniobra que analiza el Gobierno. Lo dijo en una conferencia de prensa llevada a cabo el viernes pasado en la sede de la administración porteña en Parque Patricios. Larreta también cuestionó que el Jefe de Estado planteara recurrir a los cuatro jueces de la Corte. “Esto no es contra la Ciudad, es en contra de la Constitución, de la seguridad jurídica”, destacó Larreta. Pero fue más duro aún y dijo: Esto atenta contra “cualquier posibilidad de desarrollo”. “¿Quién va a confiar en un país donde no se respetan las decisiones de la Justicia? ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a generar trabajo? ¿Qué podemos esperar los argentinos si el propio Presidente no cumple la ley?”, detalló.

Este fallo no perjudica a las provincias como pretende hacer creer el kirchnerismo, por el contrario, las fortalece desde lo económico. Pero además, los fondos que el Gobierno le quitó a la ciudad de Buenos Aires, fueron destinados a la provincia de Buenos Aires, bajo el mando del gobernador Axel Kiccillof. Entonces, ese discurso psicótico de que perjudica cuando se destina ese dinero a la ciudad, se deja de lado cuando lo mismo se destina a terruño bonaerense. “Cuando nos sacaron la coparticipación, el Presidente no les dio ni un solo peso a las provincias. ¿Saben por qué? Porque se lo dio todo a la provincia de Buenos Aires, que es de su mismo color político”, retrucó Larreta.

“El Presidente decidió quebrar el orden constitucional, violar por completo el Estado de Derecho y atentar contra la democracia. Desde la vuelta de la democracia no hay antecedentes de un mandatario no cumpliendo un fallo de la Corte”, sentenció Larreta visiblemente enojado. El jefe de Gobierno porteño analiza iniciar el lunes una presentación judicial a través de la procuración porteña, pero además promocionará un “un reclamo institucional”, para que se haga efectiva la decisión de la Corte.

Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora, acusó a Fernández de alzarse contra la Constitución y de cometer el delito de sedición. “No se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad. Desde Juntos por el Cambio no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa”, detalló la mesa nacional de la fuerza.

En tanto, la líder de la CC, Elisa Carrió, presentó en los tribunales federales de Comodoro Py una denuncia penal contra el jefe del Estado y los funcionarios que no acaten la sentencia de la Corte. Además, Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) impulsa un pedido de juicio político contra el Presidente en el Congreso. El ex mandatario Mauricio Macri, co-fundador de Juntos por el Cambio, advirtió que “la desobediencia de una sentencia de la Corte Suprema destruiría la continuidad jurídica de la Nación y nos expondría a la anarquía”.

Pero todos se suman a las salutaciones navideñas. Mauricio Macri dijo que “no hay antecedentes en la historia argentina de un desconocimiento tan grave de otro poder del Estado”. El expresidente se enteró el miércoles al mediodía de que la Corte había fallado a favor de la Ciudad en la causa por el recorte de los fondos de coparticipación, mientras jugaba al fútbol en La Matanza. “Las sentencias no se discuten, se cumplen”, planteó Macri. Quien sabe de recibir puñales por la espalda de la justicia ya que el 24 de Noviembre de 2015, antes de que asumiera el cargo de presidente, la Corte le ordenó desembolsar de inmediato, $93.000 millones de pesos que correspondían a 13.000 acumulados en el 2016, más 80.000 de las provincias que presentaron los reclamos judiciales por Coparticipación, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Pero la Justicia sabe de juegos políticos y se sube a ellos cuando así lo considera. Patricia Bullrich, jefa de PRO, advirtió que el gobierno de Alberto Fernández ha “llegado al límite en el que no existe ningún tipo de ley”.

Entre tiras y aflojes, aunque más tiras y más cuestionamientos, la Navidad en la política Argentina se vive con la incertidumbre de saber si los gobernantes serán capaces o no de respetar la ley. Serán capaces o no de velar por todos los argentinos. Serán capaces o no de ir un poco más allá y ser generosos y empáticos con los ciudadanos de bien que pretenden un país mejor. Sin el respeto a las leyes, sólo nos espera el caos. ¡Feliz Navidad!