Por Mario Casalla
(Especial para Punto Uno)

Cuando estas líneas estén en sus manos amigo lector, estaremos en vísperas de “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia”. Repare que no se trata del cualquier tipo de memoria, sino de una muy específica: aquélla que reclama verdad y justicia. Dos valores tan apreciados, como degradados o escamoteados con bastante puntillosidad y diferentes argumentos. Y ambas cosas están presentes en el último medio siglo de nuestra historia de una manera muy particular. Por eso conviene comenzar por un poco de historia.

Los comienzos de este reclamo

Aquí es útil empezar por atrás. El 24 de marzo de 2024, durante el gobierno de Javier Milei, la cuenta oficial de la Casa Rosada publicó un spot con su peculiar versión sobre el 24 de marzo de 1976. El video recoge el testimonio de la hija del capitán Humberto Viola y los comentarios del periodista Juan Bautista Yofre y del exguerrillero Luis Labraña, quien sostuvo que "fue un gran negocio el de los desaparecidos" y que "lo de los 30.000 fue falso, lo puse yo" dijo Labraña. El spot no hace mención al informe oficial “Nunca Más” sobre la desaparición y torturas de personas, ni a las sentencias del Poder Judicial en casos de crímenes de lesa humanidad. Finaliza proponiendo a los argentinos "que nos demos la mano y miremos todos juntos para adelante", como si esto fuera tan fácil y como si la verdadera memoria se pudiese borrar de un plumazo.

Luis Labraña aparece en el video negacionista que difundió el gobierno de Milei aquél 24 de Marzo, porque es un guerrillero que le viene como anillo al dedo: reniega de su experiencia militante, niega la desaparición de los 30.000 muertos o desaparecidos y llama a liberar a los militares condenados. Cartón lleno. Mientras que el autodenominado periodista, Juan Bautista “el Tata” Yofre, fue director de la Escuela Nacional de Inteligencia, Secretario de Inteligencia del Estado entre 1989-1990 y embajador durante el gobierno de Carlos Menem. Es decir lo que vulgarmente suele llamarse, un “service”.

En 1979 se radicó en Washington formando parte de la delegación argentina del Banco Interamericano de Desarrollo y en la Organización de Estados Americanos y en esos mismos años su hermano, el abogado Ricardo Yofre, fue también funcionario del mismo gobierno, siendo en su caso Subsecretario General de la Presidencia de Jorge Rafael Videla.​ El Tata fue procesado en 2012 a raíz de una investigación originada en 2008, a partir de una denuncia de la entonces Secretaría de Inteligencia (SIDE) por el hackeo sistemático de correos electrónicos de funcionarios nacionales.

El 17 de septiembre de ese año la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, lo procesó como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al espionaje informático, junto con el ex agente de la PSA Pablo Carpintero y el analista Héctor Alderete como integrantes. En la misma resolución fueron procesados -por encubrimiento agravado- los periodistas Carlos Pagni (La Nación), Roberto García (Perfil), Edgar Mainhard (Urgente 24), el empresario Néstor Ick y el general retirado Daniel Reimundes.

El procesamiento fue confirmado el 9 de septiembre de 2013 por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que ratificó las figuras penales y la existencia de una red de obtención y difusión de correos electrónicos interceptados. ​Según el fallo del fiscal Sebastián Basso describió la operación como un “micro emprendimiento criminal” en el que Juan Bautista Yofre, Héctor Velázquez y Pablo Carpintero accedían a correos de altos funcionarios -incluidos Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Scioli, Alberto Fernández, Nilda Garré, Jorge Taiana, Héctor Timerman y otros— mediante técnicas de hacking y ‘phishing’, para luego comercializar esa información en beneficio de medios de comunicación o terceros. En fin, que el Tata y sus amigos no se privaron de nada.

En diciembre de este año el hombre cumplirá 79 años, pero retirado no está y con el gobierno de Milei y Victoria Villarruel no corre peligro alguno. Cuando cumplió 60 sus camaradas le regalaron un sable, imaginamos que a los 79 aumentará el regalo.

Los primeros actos por memoria, verdad y justicia

En 1984 tuvo lugar en Rosario la primera iniciativa de conmemorar con una marcha el golpe del 24 de marzo, para repudiarlo. Fue organizado por militantes peronistas y radicales. La manifestación no fue demasiado numerosa y marchó desde la Plaza Pringles hasta el Concejo Deliberante, por la peatonal. Allí hablaron el intendente radical Horacio Usandizaga y el concejal peronista Pedro Bluma. La marcha bipartidaria rosarina, se repitió en los años siguientes, bajo el lema "Memoria y alerta contra los golpes de Estado".

Al año siguiente fueron las Madres de Plaza de Mayo, encabezadas por Hebe de Bonafini, las que empezaron a marchar cada 24 de marzo, recurriendo al significado negativo de la fecha para movilizar la memoria y la conciencia colectiva, aunque en esa primera oportunidad la marcha se realizó el 21 de marzo. Pocos días después se iba a iniciar el crucial Juicio a las Juntas y existían enormes presiones para que los culpables de crímenes de lesa humanidad resultaran impunes, por parte de gente de la dictadura cívico-militar. Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, inició en 1985 la costumbre popular de marchar cada 24 de marzo para exigir a las autoridades democráticas que no haya nunca impunidad para las violaciones de derechos humanos. A su vez Madres y Abuelas de Plaza de Mayo tenían reservas sobre la CONADEP, bajo dependencia directa del presidente Raúl Alfonsín, que había investigado las violaciones de derechos humanos sobre la que se realizó la acusación de la fiscalía, pero que se había integrado sin la presencia en la misma de ninguna de las dos organizaciones, a la vez que se había negado a investigar la existencia del plan sistemático de secuestro de niños y supresión de su identidad.

Por otra parte, las Madres y las Abuelas estaban disconformes con la calificación genérica de muchas de las personas como "terroristas" siguiendo la teoría de los dos demonios, así como de la omisión que la CONADEP hizo de la actuación política de las personas desaparecidas y torturadas, y sostenían que el mejor homenaje que se les podía hacer era dar a conocer sus ideales en pos de un mundo más justo y reivindicar la lucha que dieron contra la dictadura: "juicio y castigo a los culpables" del terrorismo de Estado fue el lema que las congregaba. Al principio era común escuchar que se las denominara “las locas de la plaza” y la Policía Federal no le facilitaba esas marchas alrededor de la Pirámide. Precisamente girar en torno de ella fue la respuesta a la orden del “sigan, sigan” de esos agentes policiales.

En los años siguientes se produjeron varios planteos y sublevaciones militares realizadas por los llamados “carapintadas”, las cuáles lograron que durante los gobiernos de Alfonsín y Carlos Menem se sancionaran una sucesión de normas (Ley de Punto Final, Ley de Obediencia Debida e indultos) que consagraron la impunidad sobre la cual los organismos de DDHH alertaban.

Actitud de los diferente gobiernos en este tema

En 1998, el presidente Carlos Menem dictó un decreto disponiendo que cada año los establecimientos educativos dedicaran ese día al análisis crítico del golpe y a "recordar a las víctimas tanto de la violencia irracional desatada por los grupos armados como de la represión ilegal". Se insinuaba ya claramente la teoría de los dos demonios que buscaba poner en un pie de igualdad al Estado con las organizaciones de lucha armada y caracterizaba como “guerra” la relación entre ellos.

El 2 de agosto de 2002, durante la presidencia del Eduardo Duhalde el Congreso de la Nación Argentina dictó la ley 25.633, creando el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia” tal como ahora se denomina, pero sin darle categoría de feriado nacional. En 2006 el presidente Néstor Kirchner presentó al Congreso un proyecto de ley para que la fecha se convirtiera en un día feriado e inamovible. La ley fue aprobada con el número 26.085, con el voto mayoritario en ambas cámaras del Frente para la Victoria y el voto negativo o la abstención de la oposición de entonces (Unión Cívica Radical, PRO, Coalición Cívica ARI y el Partido Socialista). En 2017 el entonces presidente Mauricio Macri de la coalición Cambiemos, dictó un DNU estableciendo la movilidad del feriado pero once días después lo revocó por otro, debido al rechazo del peronismo y las organizaciones de derechos humanos. El Día de la Memoria de 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner ordena bajar las fotografías de los dictadores que estaban colgadas en el Colegio Militar de la Nación, lo cual fue un acontecimiento muy rotundo y convocante.

La actitud del gobierno de Javier Milei la hemos caracterizado al inicio de este artículo, y la puso por escrito y con un video de la Casa Rosada. En lo esencial habla del “gran negocio de los desaparecidos”; el número de 30.000 es falso; no hace mención al informe oficial “Nunca Más” y finaliza proponiendo a los argentinos "que nos demos la mano y miremos todos juntos para adelante”. En fin, amigo lector, tiene usted aquí una secuencia de hechos que ha buscado ser lo más fiel posible con la realidad. A cuarenta y ocho horas de un nuevo 24 de Marzo, puede decidir qué hacer.