Mario Casalla
(Especial para Punto Uno)

Varias veces y observando en vivo y en directo la última sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, vino a nosotros el concepto de “victoria pírrica”. Se lo utiliza para caracterizar un tipo especial de victoria, aquélla que deja al circunstancial vencedor tan debilitado que le será muy difícil prever y manejar su futuro político.

Debe su nombre al rey Pirro de Epiro, cuyo ejército sufrió bajas insustituibles al derrotar a los romanos en la batalla de Heraclea en 280 a. C. y luego en la batalla de Ásculo en 279 a. C.

Vuelto del campo de batalla a su reino, gritó el clásico “hubo victoria”, pero en su fuero interno –tanto él como sus generales más inteligentes- sabían que el costo había sido tan alto que los festejos eran dudosos. Ayer en el recinto, cuando el tablero electrónico señaló que el proyecto de ley de Reforma y Modernización Laboral había sido aprobado (por solo 20 votos de diferencia) y que el quórum para que hubiera sesión se logró por un solo voto (130 de los 129 necesarios), casi nadie en verdad quedó conforme, ni en la bancada oficial, ni en la oposición. Los gritos de alegría venían más de las galerías que de los legisladores que iban dejando el recinto cansados por las largas horas de debate.

En un palco, la hermana presidencial Karina Milei, acompañada por Manuel Adorni y Diego Santilli, había seguido la sesión y el Presidente de la Nación (que estaba en su 14° viaje a los EEUU), se iba así informando de lo que pasaba en el país. Para peor, el presidente de la Cámara, Martín Menem, apenas pudo manejar la sesión, la cual trascurrió entre gritos, insultos mutuos y amenazas de llegar a mayores.

Situación en las calles aledañas

Allí el clima era peor aún que en el recinto. A pesar de que la CGT oficial convocó a un paro general pero no a marchar, desde el mediodía miles de personas se fueron concentrando frente al Congreso convocados por las dos CTA, movimientos sociales, las izquierdas, la UOM, ATE y los jubilados.

Las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo antipiquetes con singular fruición en un operativo de aproximadamente 2.000 efectivos, camiones hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma. Las ambulancias del SAME trabajaron a destajo y se informó que al menos seis personas resultaron heridas, entre ellas una mujer de 75 años con fractura de cadera y otra de 46 fue trasladada a un hospital cercano tras sufrir convulsiones.

En realidad, había sucedido prácticamente lo mismo en diciembre del año pasado, cuando el presidente Javier Milei, llegado a la mitad de su mandato, decidió apretar el acelerador a fondo y cercano entonces a las fiestas de fin de año, pretendió que el Congreso de la Nación le aprobara un nuevo Presupuesto Nacional y una radical Reforma Laboral (a la que ya entonces se denominó “de modernización de las relaciones laborales”) sin modificación alguna, esto en los pocos días hábiles que restaban para finalizar el año. Allí las calles aledañas al Congreso Nacional también se transformaron en un pandemonio represivo, el proyecto no se aprobó y se advirtió que gran parte de su articulado podría ser declarado inconstitucional lo cual ahora se repite.

Pero sí hubo entonces un detalle que vuelve a ser ahora muy tenido en cuenta: el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, señaló que los cambios a la legislación laboral que el Gobierno lleva adelante podrían ser motivos de controversias judiciales e incluso ser declarada inconstitucional, lo que demoraría "meses o años" (sic) su aplicación. Y subrayó que cualquier juez podría declarar su inconstitucionalidad hasta que el Tribunal Supremo modifique sus criterios. Y como el hombre no da puntada sin nudo, es bastante probable que ahora ocurra.

Si se las lee con detenimiento, se advertirá que el propósito central que la animaba es el mismo: reducir a un mínimo la injerencia sindical en el mundo del trabajo, por eso varios estudios jurídicos privados (asesores de empresas), han trabajado en su redacción bajo la coordinación del ministro Federico Sturzenegger, quien ejerce el cargo de Ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Por cierto, nuestro país tiene una vasta experiencia en materia de relaciones laborales que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional vigente consagra expresamente: garantía para los trabajadores de condiciones dignas, jornada limitada, descanso pago, salario justo, estabilidad para empleados públicos, organización sindical libre y el derecho a huelga. Además el Estado debe promover la seguridad social integral, la protección familiar y el acceso a una vivienda digna.

En momentos como los que corren es bueno recordar que todavía tienen plena vigencia y que nada tienen que ver con el camino hacia dónde se pretende orientar a la ciudadanía.