Armando Caro Figueroa, abogado y ex ministro de Trabajo de la Nación advierte que la reforma laboral en debate resulta insuficiente para resolver los problemas estructurales de Salta y plantea la necesidad de encarar cambios más profundos en materia productiva, impositiva y de seguridad social.
Analizando esta reforma laboral y tratando de llevar claridad a una sociedad bastante preocupada, ¿qué puntos se van a tratar y qué tan justificada es esa inquietud?
—Yo creo que, más allá de lo que se viene debatiendo —poco y tardíamente— a nivel nacional, se están discutiendo detalles y algunas triquiñuelas parlamentarias, pero el tema de fondo es otro. Como salteños debemos advertir que se está abriendo un debate muy grande y muy importante para nosotros, y tenemos que entrar en ese debate. No podemos resignarnos a que una reforma concebida en Buenos Aires se aplique automáticamente en Salta.
¿Sostiene que la reforma “queda chica” para la realidad provincial?
—Salta es diferente, en el peor sentido de la palabra. Tiene problemas estructurales que no se van a resolver aunque se apruebe el texto completo de la reforma laboral del Gobierno. Me refiero al trabajo no registrado, los salarios bajos, la existencia de trabajadores pobres y la baja productividad de buena parte de la economía salteña. Eso nos mantiene en una situación de subdesarrollo, aun cuando existan islotes de alta prosperidad, como la minería o algunos segmentos de los agroalimentos.
Entonces, ¿qué debería discutirse además de lo estrictamente laboral?
—Esta es la oportunidad para que empresarios, sindicatos, universidades y expertos de Salta nos sentemos a identificar qué hay que cambiar de verdad. No se trata solo de discutir si el despido vale más o menos. Hay que hablar de la presión impositiva, empezando por impuestos provinciales y municipales que asfixian la producción, y de una reforma del sistema de salud y de la seguridad social, que hoy muestran signos de quiebra, y de un sistema educativo que no está formando para el mundo productivo actual.
Usted también menciona el comercio exterior como un punto clave.
—Exactamente. Salta y el Norte argentino no pueden seguir engrillados a un esquema de comercio exterior definido exclusivamente desde la Nación. Nuestro hábitat natural de intercambio es Bolivia, Paraguay, el norte de Chile, Perú. Recuperar esa lógica geoeconómica es central para cualquier estrategia de desarrollo regional.
¿Cómo evalúa la posición del Gobierno provincial frente a la reforma?
—Creo que hay un error de enfoque. Vincular el aval a una reforma laboral con obras como el puente de Vaqueros o la Ruta 34 es un mal cálculo político. Cada tema debe negociarse en su propio plano: lo laboral con lo laboral, lo tributario con lo tributario y la infraestructura productiva por otro carril. Mezclar agendas debilita la posición negociadora de la provincia.
Uno de los puntos sensibles es el régimen de enfermedad inculpable. ¿Qué lectura hace?
—Es un tema extremadamente complejo. Decir simplemente “nadie se enferma porque quiere” es una verdad humana, pero no resuelve el problema del sistema. Hoy muchas pymes y familias empleadoras están obligadas a afrontar costos que no pueden controlar. Eso genera inequidad y desalienta la formalización.
¿Cuál sería la alternativa?
—Lo que deberíamos impulsar desde Salta —y desde todo el país— es un sistema de seguro para la enfermedad inculpable, similar al que ya existe para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. No es lo mismo decirle a un empleador “se enfermó su trabajador, usted paga todo” que tener un esquema de seguridad social que distribuya ese riesgo de manera más justa y previsible.
—En síntesis, ¿la preocupación social está justificada?
—La preocupación es comprensible, pero el riesgo es mirar el árbol y no el bosque. La reforma laboral, por sí sola, no va a resolver los problemas estructurales de Salta. Si no aprovechamos este debate para discutir productividad, educación, salud, impuestos y comercio exterior, vamos a perder una oportunidad histórica.
