Una jueza federal le ordenó a la AFIP no cobrarle el "impuesto a la riqueza" a un empresario del sector tecnológico que recurrió a la justicia considerando que se veía afectado su derecho a la propiedad.
La magistrada en lo contencioso administrativo Cecilia Gilardi Madariaga de Negre aceptó la medida cautelar presentada por el empresario Alejandro Scannapieco, ejecutivo de la empresa Globant, dedicada al desarrollo tecnológico.
La jueza dicta en su fallo "Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y disponer que la parte accionada (AFIP) se abstenga de aplicarle las disposiciones emergentes de la Ley 27.605".
La decisión tendrá una vigencia de tres meses hasta que se resuelva la cuestión de fondo que reclama Scannapieco en su amparo que es que no le cobren el aporte, llamado impuesto a la riqueza que aprobó el Congreso Nacional en diciembre de 2020.
La ley impulsada por el gobierno de Alberto Fernández estableció que, por única vez, las personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos paguen un impuesto solidario para contribuir a los efectos económicos que causa la pandemia del coronavirus. El plazo para la contribución vence el próximo 30 de marzo, según la reglamentación que el mes pasado hizo la AFIP de la ley.
