En Lomas de Olmedo, en Pichanal, productores ganaderos denuncian la contaminación provocada por un pozo petrolero mal cerrado.

El pozo, fue abandonado por la empresa President Petroleum S.A., sin cumplir las condiciones técnicas mínimas para su clausura. Desde entonces, gases tóxicos emanan sin control, afectando el ecosistema, las napas de agua y generando una mortandad masiva de animales.

La situación no es nueva. El doctor en Ciencias Biológicas Enrique Derlindati, especialista en ecología pasó por el streaming de Punto Uno, donde profundizó sobre la gravedad de la situación. Advierte que la negligencia tiene historia. “No es algo nuevo, está abierto hace dos años. Si no había vacas muertas en el pozo, el problema seguía en el aire”, lamentó.

“Hace dos años hay una denuncia y la Justicia no actúa. Hay una cadena de responsabilidades: de la de la empresa, al no hacer un cierre correcto; del Ejecutivo, que actúa lento; y una legislación que está atrasada 30 años”, explicó Derlindati. Se refierió a la Ley General del Ambiente, que considera adecuada en su origen pero desfasada frente a las exigencias actuales. “Es una ley muy buena, pero del 2000, y muchos artículos no están reglamentados todavía”, dijo.

La denuncia de los productores no solo señala la mortandad de al menos 350 cabezas de ganado, sino también la muerte de fauna silvestre —zorros, aves, caballos— y el deterioro de la flora nativa. Según los testimonios locales, los animales que beben agua contaminada del lugar mueren al poco tiempo. La restauración ecológica de la zona, en caso de llevarse a cabo, sería de difícil medición. “Más allá del daño ambiental, la restauración del ecosistema no se puede medir”, advirtió.

Hoy, mientras el debate gira en torno a quién se hará cargo del cierre técnico del pozo, la empresa responsable se declaró en quiebra y las autoridades gubernamentales aún no dan respuestas concretas. “Probablemente seremos los contribuyentes quienes lo haremos, esos 15 millones de dólares que va a salir cerrar el pozo”, dijo.

“Muchas empresas prefieren pagar multas antes que hacer la inversión que implica un buen cierre. Al estar la ley tan atrasada, los montos que se pagan son irrisorios”, remarcó.

Es urgente que se actualicen un montón de cuestiones, no solo en la provincia, sino en el mundo”, subraya. Pero también cree que es posible: “Con voluntad política y el involucramiento de la sociedad se puede lograr”, afirmó en diálogo con nuestro diario.