El ciclo de conversatorios sobre libertad de expresión que se desarrolla en Salta abrió un debate profundo sobre uno de los pilares esenciales del periodismo: el secreto profesional.

Pero la discusión tomó un giro aún más contundente cuando, en una entrevista en Punto Uno, el periodista y docente universitario Antonio Oieni relató en primera persona una de las experiencias más tensas de su carrera: la investigación del doble homicidio de dos gendarmes ocurrido en la frontera norte en 1998 y las presiones judiciales que enfrentó para revelar la identidad de una fuente clave.

Su testimonio, reavivó la discusión sobre la vigencia real del secreto profesional y la necesidad de reforzar su protección en contextos donde confluyen crimen organizado, violencia territorial y fallas estructurales del sistema judicial.

Durante la entrevista con Punto Uno, Oieni en lugar de limitarse a una mirada conceptual, decidió abrir un capítulo personal y profesional que —según admitió— lo marcó para siempre.

“El secreto profesional no es un privilegio del periodista. Es una garantía para la sociedad”, afirmó, dejando claro que la confidencialidad es la herramienta que permite que ciudadanos, funcionarios o testigos vulnerables aporten información sin temor a represalias.

A partir de allí, narró el caso que lo enfrentó directamente con la Justicia Federal y que puso a prueba —en condiciones extremas— su integridad ética y profesional.

1998: el caso de los gendarmes que conmocionó a la frontera norte

El 18 de septiembre de 1998, los gendarmes Mario Adrián Reynoso (21) y Leocadio Salto (36) fueron secuestrados, humillados y ejecutados por una banda vinculada al contrabando y al narcotráfico en Salvador Mazza. El crimen fue brutal: los hicieron arrodillar en un paraje conocido como “Sector 5” y los fusilaron a quemarropa.

El caso, atravesado por años de impunidad, detenciones fallidas y absoluciones, se convirtió en uno de los episodios más oscuros de la frontera norte. Durante ese período, muchas de las pistas que mantuvieron viva la investigación surgieron de trabajos periodísticos y de fuentes que solo hablaron bajo estricta reserva.

Oieni fue uno de los periodistas que siguió el caso de cerca. Y en ese proceso, recibió información crucial de una fuente que corría riesgo real si su identidad se hacía pública.

“Sin esa fuente, el caso se habría enfriado por completo, como tantos otros en la frontera”, recordó.

En 2005, el Tribunal Oral Federal de Salta condenó a Teodoro Valentín Villagrán, Ramón Rojas y Julio Asaa como autores del doble homicidio. Pero la historia judicial del caso estuvo lejos de ser prolija: irregularidades, demoras, pistas cruzadas y presiones marcaron la investigación desde el inicio.

La presión judicial: cuando el periodista se convierte en acusado

En la entrevista, Oieni relató el episodio más crítico: la Justicia Federal lo citó para declarar y le exigió revelar la identidad de su fuente. “La sala parecía preparada para quebrar a quien estuviera sentado ahí”, recordó.

“Me advirtieron que podía incurrir en desobediencia si no colaboraba. Pero lo que ellos llamaban colaborar era traicionar a alguien que había confiado en mí con riesgo de vida. No había forma de que lo hiciera.”

Lo que siguió —según describió— fue un proceso de acoso judicial: insistencia creciente del tribunal, advertencias formales, amenazas veladas de sanciones y un clima hostil que buscaba erosionar su resistencia.

A pesar de la presión, se amparó en la Constitución, en jurisprudencia consolidada y en el principio ético que rige al oficio.

“Si yo cedía, no solo rompía mi palabra. Ponía en riesgo a la fuente y debilitaba para siempre la confianza en el periodismo de investigación”, afirmó.

Su negativa sentó un precedente en la región y fortaleció la discusión sobre la necesidad de respaldo gremial e institucional para los periodistas sometidos a presión judicial.

La entrevista de Oieni en Punto Uno puso el foco en lo que muchos expositores plantean desde hace años: la libertad de expresión no se defiende con declaraciones sino con decisiones difíciles, tomadas muchas veces en soledad y bajo presión.

Su relato permitió conectar conceptos teóricos con experiencias reales en territorios complejos, donde el narcotráfico, la corrupción judicial y los intereses políticos pueden intentar moldear la verdad.

El caso también recordó que el sistema judicial argentino ha tenido episodios graves —como la condena del ex juez federal José Antonio Solá Torino por coimas vinculadas a redes narcos— que evidencian la vulnerabilidad institucional y la importancia del periodismo de investigación en la lucha contra la impunidad.

Un llamado urgente: sin secreto profesional, no hay periodismo posible

La experiencia de Antonio Oieni deja una enseñanza central: proteger las fuentes no es un acto romántico, es la base misma de la democracia.

En su cierre en Punto Uno, lo sintetizó así: “La libertad de expresión no es un derecho abstracto. Es una práctica que se defiende caso por caso. Y sin secreto profesional, esa defensa es imposible.”

El ciclo de conversatorios continúa, pero el testimonio de Oieni ya dejó un impacto notorio. Mostró que hablar de libertad de expresión es hablar del terreno donde se juega la verdad, la justicia y el funcionamiento de nuestras instituciones. Y recordó que, sin periodistas dispuestos a sostener su palabra, la sociedad queda a oscuras.