El rector de la UNSa, Miguel Nina, en una entrevista con Punto Uno, señaló que si bien lograron contener el déficit continúa siendo el principal problema de la casa de altos estudios. “El 2023 cerró con $1.800 millones en rojo. Este año ya supera los $3.000 millones”, resaltó.
En medio de uno de los años más complejos para la educación pública, el rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina, reconoció que “estamos transitando un año bastante complicado, con restricciones que son de público conocimiento”.
La UNSa, como tantas otras universidades del país, pasó dos años sin presupuesto nacional aprobado por el Congreso. A su entender, uno de los principales logros de esta primera etapa de su gestión fue que el Consejo Superior aprobara un presupuesto propio.
“Tener un presupuesto fue fundamental no solo para ordenar los recursos, sino también para dotar de legitimidad institucional a la gestión: el presupuesto no es solo un número: es un consentimiento, una hoja de ruta clara, que marca por dónde podemos ir y hasta dónde podemos llegar”, explicó.
Luego precisó sobre el déficit: “El 2023 cerró con $1.800 millones en rojo. Este año ya supera los $3.000 millones”, advirtió.
Al mismo tiempo destacó que se logró “contener” esa situación. “Si alguien no quiere transitar por esos carriles, deberá asumir la responsabilidad”, sentenció en relación a los gastos de las facultades.
El rector aseguró que la prioridad de su gestión es garantizar sueldos, sostener la actividad académica y, sobre todo, contener a los estudiantes. “No tocamos las becas, no tocamos el comedor, no tocamos el merendero. Esa fue una decisión”, remarcó.
“Hay chicos que no tienen ni para venir a la universidad. Entonces el discurso de la igualdad y la inclusión se vuelve hueco. Acá no estamos hablando de que el alquiler es caro. Acá hablamos de que no pueden pagar el colectivo”, dijo.
De los $65.700 millones aprobados en el presupuesto anual, casi el 86% se destina a sueldos. Del resto, más de $2.000 millones van directamente a prestaciones estudiantiles: becas de comedor, becas de estudio, salud mental, formación. “Quisiéramos hacer más, pero las limitaciones son reales”, reconoció.
“Un estudiante que no tiene cobertura social, que no come bien, que no tiene ingresos fijos en su casa, difícilmente va a rendir igual que otro que sí los tiene”, sostuvo.
Nina también resaltó que los salarios del personal universitario. “Hicimos un estudio y la pérdida del poder adquisitivo es del 44,6%. Parte viene del gobierno anterior, parte del actual. Pero es casi la mitad del sueldo”.
La inflación del 2023 superó el 211%, y los aumentos salariales no acompañaron. Este año la diferencia sigue: “Ya llevamos más del 18% de inflación y los aumentos no superan el 11%”, agrega.
Ya somos auditados
Una de las polémicas actuales se da respectoa a la imparcialidad en las auditorias que se le realizan. Al respecto, señaló: “nos auditan todos los meses. Informamos cada sueldo, cada gasto, rendimos cuentas periódicas. Y además, tenemos auditorías externas de la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General”. “Gran parte del presupuesto es para sueldos. Del resto, la mayoría son gastos fijos”.
Hay que invertir en talento
Pese al contexto, sigue con su expansión territorial, con presencia en el norte (Tartagal, Orán, Santa Victoria), el sur (Metán, Rosario de la Frontera, Joaquín V. González), los Valles y la Puna. También se sigue apostando a la investigación y a la actualización de la oferta académica, especialmente pensando en la minería y las demandas regionales.
Sin embargo, el rector admite: “El Ministerio no está aprobando nuevas carreras. Lo que hacemos es reordenar recursos, trabajar con las unidades académicas y avanzar como podemos. Pero sí, hay condicionamientos. Dependemos del financiamiento”.
“Yo creo que la universidad es una de las únicas herramientas reales de transformación social y económica. Y en eso estamos trabajando. Pero el Estado tiene que ver esa potencialidad. Hay que invertir donde hay talento y necesidad”.
Nina pidió corregir el proyecto de presupuesto 2026, donde hay una brecha de casi $2,5 billones entre lo solicitado por el sistema universitario nacional ($7,3 billones) y lo ofrecido por el Gobierno ($4,8 billones).
