La Corte de Justicia de Salta vuelve a estar en el centro de la agenda institucional. El Gobierno provincial puso en marcha el procedimiento para que las juezas María Alejandra Gauffín y Adriana María Rodríguez Faraldo continúen en el máximo tribunal, una decisión que fue oficializada a través de los decretos 254 y 255, publicados el viernes 24 de abril en el Boletín Oficial.

Ambas magistradas están próximas a cumplir sus mandatos actuales, que eran de seis años. Con la reforma de la Constitución provincial, ese esquema cambió: ahora los jueces de la Corte pueden ser designados por períodos de diez años, lo que abre una nueva etapa en la conformación del tribunal.

El proceso que se inicia tiene varias instancias. Primero, el Poder Ejecutivo deberá enviar los pliegos al Senado, que tendrá la responsabilidad de dar o no el acuerdo en sesión pública, tal como establece la Constitución. Antes de eso, se habilitará una etapa de participación ciudadana, donde distintos sectores —colegios profesionales, organizaciones, instituciones académicas y ciudadanos en general— podrán expresar apoyos, objeciones o impugnaciones.

Desde el Ejecutivo se indicó que el Ministerio de Gobierno y Justicia será el encargado de garantizar la transparencia del procedimiento y la difusión de cada una de sus etapas, en línea con lo que establece la normativa vigente.

El cronograma prevé que, una vez publicados los antecedentes de las postuladas, se abrirá un plazo de 21 días hábiles para la presentación de observaciones. Luego, los pliegos pasarán a la Legislatura, en una instancia que suele concentrar atención tanto en el ámbito político como en el judicial.

Actualmente, la Corte de Justicia de Salta está integrada por nueve miembros, tal como lo establece la ley. La encabeza su presidenta Teresa Ovejero Cornejo, acompañada por el vicepresidente José Gabriel Chibán y la vicepresidenta segunda Adriana Rodríguez Faraldo, junto a los jueces María Alejandra Gauffín, María Edit Nallim, Sergio Fabián Vittar y Pablo López Viñals. A ese esquema se sumaron recientemente Martín Diez Villa y Martín Plaza, tras cubrir vacantes previas.

En los últimos años, la conformación del tribunal generó distintos debates. Uno de los más comentados fue el caso del juez Pablo López Viñals, en medio de discusiones sobre la aplicación de los nuevos criterios constitucionales respecto a la duración de los mandatos.

Este nuevo proceso se da en un contexto donde la Corte deberá seguir definiendo cómo se aplican los cambios introducidos por la reforma constitucional, especialmente en lo vinculado a los períodos de designación y su alcance.