Cristian Aimo

La llegada silenciosa de Peter Thiel a la Argentina no es una postal pintoresca ni el capricho de un millonario que viene a ver un superclásico en el Monumental. Es otra cosa. Para quienes miramos la política como algo más que titulares y discursos, su presencia confirma una sospecha incómoda. Este país hace rato dejó de ser espectador y pasó a ser escenario.

Un escenario donde se ensaya un modelo nuevo (o no tan nuevo) de control. Algo que podríamos llamar, sin eufemismos, un “tecnonazismo” del siglo XXI: menos uniforme, más algoritmo. Menos consignas, más datos. Un sistema donde el poder ya no necesita convencerte, le alcanza con conocerte.

Thiel, cofundador de PayPal y primer inversor externo de Facebook, no es un empresario más. Es un tipo que no se esconde detrás de frases tibias. En 2009, en su ensayo para Cato Unbound, lo dijo sin rodeos: “Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”. No es una frase cualquiera. Es una declaración de principios.

Y en ese marco, lo que hoy pasa en la sociedad argentina empieza a cerrar. Una sociedad que escucha promesas casi religiosas mientras su economía se deshilacha. Un relato que logra algo notable: que el ajuste duela, pero se festeje igual. Como si perder fuera parte de ganar.

Ahí aparece la ingeniería social en su versión más eficaz: el saqueo deja de parecer desmantelamiento de derechos y pasa a sentirse como destino irrefutable. Entonces surge la contradicción, esa que ya no indigna porque se volvió costumbre.

Thiel y su círculo hablan contra el Estado, lo desprecian, lo señalan como el problema… pero viven de él. No metafóricamente. Literalmente.

El caso más claro es Palantir Technologies, la firma que él mismo fundó. Un gigante del análisis de datos que no creció en el aire ni por generación espontánea: despegó gracias al financiamiento de In-Q-Tel, el fondo de riesgo de la CIA. Es decir, el mismo discurso que pide achicar el Estado se sostiene con dinero estatal. Y no cualquier Estado, sino uno de los más poderosos del mundo.

No quieren destruirlo. Quieren otra cosa. Quedarse con él. Vaciarlo de funciones incómodas y transformarlo en cliente. Un cliente que paga y caro por tecnología que, en muchos casos, termina vigilando a sus propios ciudadanos. Eso no es libertad de mercado. Es otra forma de dependencia, más sofisticada.

Que estos actores miren con interés lo que pasa en la Casa Rosada no es casualidad. Nadie invierte tiempo en un país por simpatía, ni por sentida generosidad. Vienen a ver si el experimento funciona. Si la desregulación avanza. Si el terreno queda lo suficientemente despejado.

Porque si el debate público se reemplaza por lógica corporativa, el resultado no es modernidad, es subordinación, acatamiento. Una colonia, pero sin bandera extranjera. Una “asentamiento” digital. Y en ese esquema, los roles están bastante claros. Algunos diseñan, otros administran… y el resto sobrevive.

Tal vez por eso conviene correr un poco el foco del espectáculo. Detrás del ruido, de las frases rimbombantes y del show permanente, hay algo más silencioso, pero más decisivo.

No estamos frente a genios incomprendidos ni visionarios solitarios. Estamos frente a arquitectos de un orden donde el caos también está calculado.

Y la “tarifa”, como siempre, no la pagan ellos.