En declaraciones a Punto Uno, el abogado constitucionalista Guillermo Martinelli criticò la denominada ley de “modernización laboral” que impulsa el gobierno nacional y advirtió que su aplicación “va a terminar inexorablemente en la Corte Suprema”. Sostuvo que varios artículos “atentan directamente contra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y contra tratados internacionales con jerarquía supralegal”.
En ese sentido el diputado provincial mandato cumplido resaltó que la normativa que presta por ser aprobada “atenta contra el artículo 14 bis y contra otros convenios internacionales que la Argentina tiene vigentes y que, desde la reforma constitucional de 1994, no pueden ser obviados por ninguna ley interna”.
Afirmó que la judicialización será una consecuencia lógica del texto aprobado. “Va a haber planteos de inconstitucionalidad. Esto es casi seguro. No solamente por parte de sindicatos, sino también de abogados en causas concretas que ya están en trámite”, explicó.
Uno de los puntos, según detalló, es la aplicación de la nueva normativa a procesos judiciales que aún no cuentan con sentencia firme. “La ley afecta inclusive a todos los trámites judiciales que no tengan sentencia definitiva. Es decir, un juicio que ya se ganó en primera y segunda instancia, pero que tiene un recurso pendiente ante la Corte, para esta ley no está firme”, describió.
“Una indemnización que debía pagarse de contado podría terminar pagándose en 12 cuotas”, alertó y dijo que “eso es cambiarle el reglamento al trabajador en la mitad del camino”.
Martinelli también puso en duda el argumento oficial de que la reforma fomentará la creación de puestos de trabajo. “Una ley no va a dar más empleo. Es el desarrollo económico, el fortalecimiento del mercado interno y el crecimiento productivo lo que realmente genera trabajo”.
Según su análisis, el problema central no es la rigidez normativa sino la caída del consumo y la retracción de la actividad. “Si no hay demanda, no hay expansión. Y si no hay expansión, no hay contratación laboral”, enfatizó.
También el constitucionalista fue más allá y vinculó la reforma con un rumbo estructural del país. “La Argentina va camino a un modelo extractivista, agroindustrial, minero y energético. Se va reduciendo la capacidad industrial y se incrementa la importación. Eso tiene consecuencias sociales profundas”, advirtió y con una mirada crítica sobre el escenario que se configura, agregó: “Así está yendo el país. Vamos hacia una Argentina con un 70% de pobres y un 30%”.
Consultado sobre los recientes anuncios de cierres o reestructuraciones empresariales, Martinelli sostuvo que ningún empresario puede ser obligado a mantener abierta una compañía si decide cesar su actividad. Sin embargo, advirtió que la nueva ley modifica sustancialmente el escenario indemnizatorio. “Se le va a aplicar la nueva ley al trabajador, con la desventaja que eso significa para él y la ventaja para el empleador. Está perfectamente calculado todo. No es improvisación”, afirmó.
Consultado por las voces oficiales que celebran una supuesta “reconfiguración” del poder sindical, Martinelli relativizó esas afirmaciones. “No se puede hablar de una lápida al sindicalismo. Si el Estado y las patronales no tienen interlocutores válidos, ¿con quién negocian? No pueden sentarse con millones de trabajadores individuales”, razonó y advirtió: “Lo peor que puede pasar es que las bases desborden a los dirigentes. Siempre es mejor tener una representación organizada con la cual dialogar y acordar”.
Para el constitucionalista, el asunto recién comienza y se trasladará inevitablemente al terreno judicial. “Esto va a llegar a la Corte Suprema de la Nación. Y probablemente pasen uno o dos años hasta que haya una definición firme, en favor o en contra de la ley”, señaló.
Mientras tanto, la reforma avanza en el plano legislativo, pero también abre un frente jurídico y social que promete prolongarse en el tiempo. “Las leyes pueden sancionarse en el Congreso —concluyó—, pero cuando tocan derechos constitucionales, la última palabra la tiene la Justicia”.
Para Martinelli el asunto recién comienza y se trasladará inevitablemente al terreno judicial. “Esto va a llegar a la Corte Suprema de la Nación. Y probablemente pasen uno o dos años hasta que haya una definición firme, en favor o en contra de la ley”, señaló.
