En medio de un escenario económico frágil y con altos niveles de informalidad, la reforma laboral vuelve a instalar una discusión estructural: ¿se puede generar empleo debilitando derechos?.

Para el director del Instituto de Derecho Laboral “Dr. Norberto Centeno” del Colegio de Abogados de Salta, el Dr. Héctor Dondiz Villa, el proyecto en debate implica “un cambio profundo en la lógica protectoria del derecho del trabajo” y abre interrogantes sobre sus efectos reales.

“El derecho laboral nace para equilibrar una relación desigual. Si esa protección se diluye, lo que se altera no es un artículo aislado, sino todo el sistema”, advierte el especialista.

Uno de los puntos que más preocupa es la modificación de herramientas jurídicas que hoy permiten al trabajador defender la estabilidad en su empleo ante cambios unilaterales del empleador.

“Si el trabajador ya no puede exigir judicialmente que se restablezcan condiciones esenciales alteradas, se rompe el principio de continuidad laboral. Se lo coloca frente a una disyuntiva extrema: aceptar la modificación o considerarse despedido”, explica Dondiz Villa.

Desde su análisis, la reforma no elimina derechos de manera explícita, pero “reduce los márgenes de defensa y modifica el equilibrio en favor de quien tiene mayor poder en la relación contractual”.

“El problema no es solo normativo, es práctico. En la realidad cotidiana, el trabajador necesita herramientas rápidas y eficaces para sostener su empleo. Si esas herramientas desaparecen, el efecto es la precarización”, sostiene.

Fondo de asistencia y costo laboral

Otro eje de discusión es la creación de nuevos mecanismos para cubrir contingencias laborales.

“Se presenta como una solución para dar previsibilidad, pero hay que analizar quién financia ese sistema y qué consecuencias tiene. Si el costo termina trasladándose al trabajador o si facilita desvinculaciones, estamos ante un cambio sustancial en la matriz de protección”, señala.

Para el director del Instituto, el riesgo es que el despido deje de ser una medida excepcional y pase a convertirse en una variable más dentro de la gestión empresarial. “Cuando se abarata o se simplifica el costo de salida, el empleo pierde estabilidad”, afirma.

Justicia laboral y equilibrio procesal

El proyecto también introduce modificaciones en el funcionamiento de la Justicia del Trabajo. Según Dondiz Villa, el eventual cambio hacia un esquema con menor impulso judicial “altera un rasgo distintivo del fuero laboral”.

“El proceso laboral históricamente reconoce la desigualdad estructural entre las partes. Por eso el juez tiene un rol activo. Si se traslada la carga procesal íntegramente a las partes, el trabajador queda en desventaja”, explica.

A su entender, no se trata solo de una cuestión técnica, sino de acceso real a la justicia. “Las reglas procesales no son neutrales. Determinan quién puede sostener un reclamo y quién no”.

El mito de la industria del juicio

Consultado sobre uno de los argumentos más repetidos en defensa de la reforma, el abogado es categórico: “La llamada ‘industria del juicio laboral’ no se sostiene con datos, al menos en nuestra provincia”.

Según detalla, en Salta los niveles de litigiosidad laboral son bajos. “Si hay juicios, generalmente responden a incumplimientos. No es un fenómeno artificial. Y si tenemos niveles altos de informalidad, es lógico que existan conflictos”.

Para Dondiz Villa, el debate debería enfocarse en otro punto: “El verdadero problema es la informalidad. Si no hay controles eficaces ni sanciones reales al trabajo no registrado, flexibilizar derechos no va a generar empleo. Lo que puede generar es más precariedad”.

Negociación colectiva y poder sindical

El especialista también observa con preocupación el impacto en la negociación colectiva.

“El sindicato no es un accesorio del sistema, es una herramienta central para equilibrar la negociación. No es lo mismo discutir condiciones de manera individual que hacerlo colectivamente”, señala.

Desde su perspectiva, cualquier debilitamiento de la representación sindical “reduce la capacidad de los trabajadores para mejorar salarios y condiciones laborales”.

¿Modernización o retroceso?

Para el director del Instituto de Derecho Laboral, la discusión no debería plantearse en términos de modernización versus atraso, sino en función de resultados concretos.

“Modernizar no puede ser sinónimo de reducir derechos. La pregunta clave es si estas medidas van a generar empleo formal y sostenible. Hasta ahora, no hay evidencia clara de que flexibilizar por sí solo produzca más trabajo”, afirma.

Y concluye con una advertencia: “El derecho laboral no es un obstáculo para el desarrollo. Es una garantía de equilibrio social. Si se lo debilita sin resolver la informalidad y la falta de controles, el riesgo es avanzar hacia un mercado más inestable y desigual”.

El debate recién comienza, pero la tensión de fondo ya está planteada: cómo compatibilizar crecimiento económico con protección efectiva del trabajo en un país donde la estabilidad laboral sigue siendo una demanda central.