El Gobierno publicará en los próximos días un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para modificar la ley de inteligencia, con el que le dará mayor poder a la SIDE, que seguirá controlando todo el sistema de espionaje, pero ahora tendrá autoridad para requerir información a organismos del Estado, además de sumar facultades, como la posibilidad proveer su propia seguridad y detener a personas ante hechos de flagrancia.

El documento, que fue firmado ayer 31 de diciembre por el presidente Javier Milei y todo el gabinete, reordena la estructura de toda el área, crea agencias, disuelve otras y unifica tareas para facilitar el intercambio de datos.

“La reforma moderniza, ordena y legitima el Sistema de Inteligencia Nacional: lo integra al Estado, lo separa de funciones policiales, lo adapta a amenazas contemporáneas y lo somete a mayores controles”, sostuvieron fuentes del Poder Ejecutivo respecto de esta medida.

Entre otros puntos, se incorporan definiciones que hasta ahora no estaban explícitamente incluidas en la normativa vigente, como la caracterización del trabajo en este sector como de naturaleza reservada.

“Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”, señala el artículo 2° bis del texto del DNU.

“Las actividades de ejecución de Contrainteligencia incluyen evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general“, se aclara.

En cuanto a la estructura, la SIDE continúa como organismo principal, pero se modifican y reordenan varias de sus dependencias: la Agencia de Seguridad Nacional cambia su nombre y pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC); la Agencia Federal de Ciberseguridad es reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), con foco en el ámbito digital, y la antigua División de Asuntos Internos es sustituida por la Inspectoría General de Inteligencia (IGI).

La norma también amplía y especifica las atribuciones de la SIDE. La coloca al frente de la planificación del esfuerzo estatal en materia de obtención y análisis de información estratégica, le otorga la conducción del Sistema de Inteligencia Nacional y la vincula con otros organismos nacionales y extranjeros en la materia.

Se dispone, por caso, que podrá solicitar datos a cualquier organismo del sector público y coordinar acciones con provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se le asignan funciones relacionadas con la lucha contra el terrorismo, la elaboración de análisis geoespacial y la gestión criptográfica del Estado.

Uno de los puntos más novedosos del decreto es la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un ente descentralizado y bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que tendrá la responsabilidad de “planificar, ejecutar y supervisar políticas, programas y acciones en materia de ciberseguridad destinadas a proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos (…) y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales”.

Para su puesta en marcha, se transfieren bienes, patrimonio y personal que anteriormente estaban asignados a funciones de ciberseguridad en la ex Agencia Federal de Ciberseguridad.

El decreto crea además dos ámbitos de coordinación interinstitucional. Por un lado, la Comunidad de Inteligencia Nacional reúne a los organismos de espionaje con áreas especializadas que cumplen tareas similares dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y otros entes con competencias afines. Su finalidad es facilitar el trabajo conjunto y la articulación permanente bajo la conducción de la SIDE.