En el debut de las sesiones extraordinarias, el oficialismo logró la aprobación en general del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. No fue gratis ni prolijo. El resultado: 132 votos afirmativos, 97 rechazos y 19 abstenciones. El proyecto ahora pasa al Senado, pero la pelea recién empieza.

La Libertad Avanza consiguió la media sanción con el respaldo del interbloque Pro-UCR y de gobernadores peronistas alineados con la Casa Rosada. El problema es lo que viene: la votación en particular de los artículos, donde el Gobierno no tiene nada garantizado y donde el famoso artículo 75 se convirtió en una verdadera bomba política.

Ese artículo propone derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en Discapacidad, dos normas que ya habían sido aprobadas por el Congreso y cuyo veto presidencial fue rechazado por ambas cámaras. Para muchos aliados, eso es cruzar una línea.

Consciente del riesgo, el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, movió fichas y propuso votar el presupuesto por capítulos y no por artículos, una maniobra para diluir rechazos puntuales. Ganó esa pulseada, pero las alarmas volvieron a sonar cuando algunos aliados amagaron con no votar el capítulo XI, donde se esconden varias de las medidas más polémicas.

Con el ministro del Interior, Diego Santilli, instalado en el despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem, las negociaciones se estiraron hasta el último minuto. En el oficialismo no disimulaban el fastidio: “Se están cotizando caro los aliados”, admitían por lo bajo.
El Pro, al menos por ahora, se mantuvo firme. “Votamos en general y en particular, porque es lo que hemos bancado”, aseguró Cristian Ritondo, luego de que el oficialismo aceptara una modificación para que la Ciudad de Buenos Aires recupere fondos de coparticipación reclamados por Jorge Macri.

Entre los gobernadores peronistas dialoguistas también hubo pases de factura. Desde Catamarca, el diputado Sebastián Nóblega, alineado con Raúl Jalil, definió al presupuesto como una “herramienta central”, pero se dijo “decepcionado” por el intento del Gobierno de derogar leyes “por la ventana”. Reclamó más obras y cuestionó la falta de definiciones sobre el control del YMAD, el organismo minero que opera en la provincia.

En la misma sintonía hablaron los salteños cercanos a Gustavo Sáenz. Pablo Outes advirtió que los $1700 millones previstos para obras son claramente insuficientes, alertó sobre el estado “detonado” de las rutas nacionales en zonas fronterizas y criticó la falta de respuestas en educación y discapacidad.

El rechazo al capítulo XI sería un golpe durísimo para el oficialismo. No solo incluye la derogación de las leyes universitarias y de discapacidad, sino también otros artículos sensibles, como el 67, que elimina la ampliación del Régimen de Zonas Frías y afecta subsidios al gas en varias provincias, y el 70, que propone una condonación cruzada de deudas entre Cammesa y las distribuidoras eléctricas.

La tensión fue tal que algunos voceros dejaron trascender una posibilidad extrema: si el presupuesto no sale como quiere el Ejecutivo, Milei podría vetarlo.

El debate dejó en evidencia la fragilidad del oficialismo. Costó conseguir quorum y, durante toda la jornada, los aliados condicionaron su apoyo a cambio de obras, ATN y espacios de poder. El radical Pablo Juliano lo dijo sin vueltas en el recinto: acusó al Gobierno de jugar “a la casta más rancia” y denunció el reparto discrecional de fondos para comprar voluntades.

Las concesiones incluyeron de todo: ATN, obras públicas, avales para endeudamiento provincial y la promesa de girar a CABA los fondos de coparticipación fallados por la Corte. Eso sí, los tiempos y montos quedarán en manos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
En lo técnico, el Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento del 5%, una inflación del 10,1% y un dólar a $1423 para diciembre del año próximo, además de superávit primario y financiero. Proyecciones que la oposición puso seriamente en duda.

Desde Unión por la Patria, Julia Strada y Victoria Tolosa Paz acusaron al Gobierno de ajustar sobre los sectores populares mientras baja impuestos a los más ricos y beneficia a grandes empresas. Nicolás Massot advirtió que no hay libertad posible en un esquema de tanta inequidad, y Miguel Pichetto cuestionó duramente las proyecciones económicas y la política de importaciones.

El radicalismo aliado defendió el rumbo del equilibrio fiscal, mientras que la Coalición Cívica calificó al presupuesto como “injusto, ilusorio y ficticio”, aprobado con una mayoría “circunstancial” sostenida en transacciones poco claras.