La cámara alta nacional se aprestaría a darle luz verde en sesión al proyecto denominado Ficha Limpia. De aprobarse se convertiría en ley.

Para ser aprobada, requiere 37 votos positivos sin importar cuántas bancas estén presentes al momento de sufragar. Los legisladores de Unión por la Patria son 34. Ese es el único bloque que se expresó totalmente en contra, mientras que los 38 restantes habrían asegurado estar para impulsar la iniciativa.

Es decir, dos ausencias repentinas cambian por completo el panorama. Por el momento, desde el Senado no parecen informar de que vaya a suceder algo por el estilo.

En la oposición especulaban que la poca voluntad del oficialismo por impulsar el debate tenía varias aristas. En primer lugar, porque el proyecto fue impulsado originalmente por la diputada nacional Silvia Lospennato, hoy primera candidata a legisladora porteña del PRO. En el caso de que se llegue a la sanción, intentará capitalizarlo a pocos días de que se den los comicios en la Ciudad.

Un proyecto similar, impulsado previamente por el PRO, había logrado dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados en 2024, pero su tratamiento en el recinto fracasó en dos ocasiones debido a la falta de quórum. Ante este escenario, el Ejecutivo decidió elaborar su propia versión del proyecto, que finalmente obtuvo el respaldo necesario en la Cámara baja en febrero de este año.

Por otro lado, aprobar el proyecto que le impediría presentarse en elecciones nacionales a Cristina Kirchner tendría implicancias en el diálogo que los libertarios mantienen de manera subterránea con el peronismo kirchnerista.

Por caso, los libertarios están bloqueados en el Senado por el amplio número que tiene Unión por la Patria, siendo aquella la razón por la que no pudieron sostener los pliegos de sus candidatos a jueces de la Corte Suprema. Además de necesitar cubrir esos lugares, hay más de 200 los cargos de jueces, fiscales y defensores que todavía no decidieron enviar desde el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo, que no es el responsable del Ministerio de Justicia, pero quien sí digita la estrategia política-judicial junto al número dos de esa cartera, Sebastián Amerio.

Actualmente, la legislación argentina establece que solo las personas con condenas firmes pueden ser inhabilitadas para ejercer cargos públicos. Según la Ley 23.298 de Partidos Políticos, no pueden ser candidatos aquellos excluidos del padrón electoral, lo que incluye a los condenados por delitos dolosos con penas privativas de libertad mientras dure la condena. Además, el Código Penal permite imponer inhabilitación absoluta en casos donde el delito se haya cometido aprovechando un cargo público, aunque esta medida también requiere una sentencia firme, es decir, que no existan recursos judiciales pendientes.

El proyecto de ley aprobado en Diputados introduce cambios significativos a esta normativa. Según detalló el medio, la propuesta oficial modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para incluir una nueva restricción: las personas condenadas por delitos contra la administración pública no podrán ser candidatas, incluso si la condena no es firme. Bastará con que la sentencia haya sido confirmada en segunda instancia, lo que en el ámbito de la Justicia federal corresponde a la Cámara Federal de Casación Penal.

Dictamen que habilita la baja de la edad de punibilidad a 14 años

La iniciativa es impulsada directamente por el presidente Javier Milei. Con el respaldo del PRO, parte del radicalismo y otros aliados, La Libertad Avanza logró cerrar un dictamen consensuado en comisiones y dejar el proyecto listo para su debate en el recinto.

El proyecto, que se debatió durante más de un año, cobró impulso tras el crimen de Kim Gómez, una niña de siete años asesinada por adolescentes durante un robo en La Plata. Pese a las críticas de organismos de derechos humanos y de la Iglesia Católica, el oficialismo consiguió su objetivo: que el plenario de comisiones firmara este martes el dictamen que modifica el régimen penal juvenil vigente desde los años 80.

Se trata de una de las discusiones más extensas y transversales del Congreso en lo que va del año: hay presentados unos 15 proyectos, y aunque varían en detalles, casi todos coinciden en bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 o incluso 13 años. Solo una propuesta de Unión por la Patria, impulsada por la diputada y referenta cartonera Natalia Zaracho, se opone a esa baja. Incluso el massista Ramiro Gutiérrez propone llevarla a 14 años, lo que profundiza las tensiones internas dentro del bloque peronista.

La articuladora clave del dictamen fue Laura Rodríguez Machado, diputada alineada con Patricia Bullrich, quien desde agosto pasado mantuvo negociaciones con sectores de la UCR, la Coalición Cívica y el bloque de Miguel Pichetto, Encuentro Federal. El debate incluyó ocho reuniones informativas con decenas de especialistas, en un plenario conjunto de las comisiones de Legislación Penal, Familia, Justicia y Presupuesto, que reunió a más de 100 diputados.

Qué contiene el dictamen aprobado

El dictamen consensuado establece la baja de la edad de punibilidad a 14 años. Inicialmente, el Gobierno libertario quería que el piso fuera de 13, pero cedió para sumar apoyos. El texto justifica la reforma en la necesidad de alinear el régimen argentino con el resto de América Latina, donde la edad mínima de responsabilidad penal varía entre los 12 y los 14 años.

El nuevo régimen abarcará a adolescentes entre 14 y 18 años. Se prevé que puedan ser detenidos en institutos especializados o, de ser necesario, en sectores diferenciados de cárceles comunes, lo que despertó fuertes críticas por parte de los organismos de derechos humanos. El dictamen incluye también penas alternativas como servicios comunitarios, monitoreo electrónico y restricciones de movilidad, pero estas solo aplicarán para delitos cuya pena máxima sea menor a 10 años.

En los casos más graves, el régimen habilita penas de prisión efectiva, aunque no queda claro cómo se determinarán los montos de las condenas. Se sugiere que se consideren la edad del menor y la gravedad del delito, pero el texto no fija un criterio uniforme, una indefinición que podría abrir la puerta a dictámenes en minoría o disidencias parciales en la votación en el recinto.

Queda excluida la posibilidad de aplicar prisión perpetua y se establece un límite máximo de pena de 15 años. El oficialismo originalmente buscaba que ese tope fuera de 20, pero el radicalismo logró acotarlo en la negociación