Con el discurso a la Asamblea Legislativa sobre el estado general de la Nación que se escuchará hoy, el presidente Alberto Fernández dará inicio a un nuevo período de Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional, lo que significa que, si todo va bien, nuestros legisladores nacionales van, por fin, a trabajar.
Por Pablo Borla
No todos, por supuesto, dada la existencia de ausentes seriales como Javier Milei, quien de vez cuando sortea su dieta en un acto de desprecio a las instituciones y de sinceridad innecesaria y payasesca, cuando no de un gesto típico del populismo demagógico que tanto dice despreciar.
Con media Argentina de vacaciones -un boom turístico, a pesar de la crisis- y con pocas ganas de atender a cuestiones de la política, no hubo un reclamo ciudadano por la postergación del tratamiento de proyectos de leyes muy necesarias, cuando no urgentes, promovida por la oposición.
Esto no extraña. El politólogo uruguayo Daniel Eskivel, recientemente citó una investigación del Reuters Institute y la Universidad de Oxford, realizada en 2022, en 46 países de 6 continentes, que dice que el 38 % de las personas evita conscientemente las noticias.
Entre otras razones, lo hace porque “sienten que las noticias empeoran su estado de ánimo”; “La cantidad de noticias les agota”; “Están sesgadas y no son confiables”; “Informan acerca de asuntos sobre los que nada puede hacer cada uno” o “Los lleva a discusiones que prefieren evitar”.
En nuestro país -agregaría- tampoco interesa la inacción parlamentaria porque los ciudadanos tenemos carencia de una adecuada educación cívica, lo que nos lleva a desestimar la importancia e influencia de la acción de los diferentes Poderes sobre nuestras vidas.
Pero, a pesar de la convocatoria, no hubo sesiones extraordinarias más que unos breves minutos, para elegir autoridades, ya que existió la negativa de la oposición de dar quórum mientras el oficialismo pretenda avanzar con el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Aún cuando ya se sepa que sus impulsores no van a tener los números que permitan remover a los integrantes del Tribunal.
Pero esta negativa a sesionar por un supuesto avasallamiento del Ejecutivo sobre el Poder Judicial afectó proyectos importantes, como la nueva moratoria para jubilados que beneficiaría a cerca de un millón de persona (que al cierre de esta columna aún se discutía en Sesiones Ordinarias); el monotributo tecnológico para que sectores puedan facturar al exterior y contar con divisas extranjeras, sin tener que liquidarlas en el Mercado Oficial de Cambios. Aunque la base sea la prestación de servicios vinculados a la tecnología, esto afectó también a otras profesiones que prestan servicios a clientes en el exterior.
Cuando el 8 de noviembre se presentó el proyecto del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, desde el Ministerio respectivo afirmaron que “Aspiramos a que este Plan tenga estatus de ley para que el consenso social y el acuerdo político le den legitimidad. Sabemos que en Argentina la ciencia y la tecnología constituyen un sector sensible a inestabilidades políticas, por eso es importante su tratamiento legislativo”. Ya tiene media sanción del Senado, cabe acotar.
Cuando en el Boletín Oficial de la Nación se llamó a Sesiones Extraordinarias, se incluyeron proyectos el Régimen de Fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo y sustentable para impulsar al sector con la promoción de inversiones, la potencial creación de 700 mil nuevos puestos de trabajo en los próximos 10 años y la incorporación de tecnologías de apoyo.
En el temario figuraban un régimen previsional diferencial para combatientes de incendios forestales o rurales; nuevas universidades nacionales, que contribuyen a la economía hogareña al evitar a emigración de los hijos a estudiar a los principales centros educativos; la creación del Área Marina protegida de Agujero Azul; la del parque nacional y reserva Laguna El Palmar; la contención de personas con diagnóstico de síndrome de Down, entre otras, como el importantísimo proyecto para la modificación de la Ley 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial "Alcohol 0".
En una época de fuerte crisis energética, se envió para su tratamiento el marco regulatorio para el desarrollo de gas natural licuado y de hidrógeno como fuentes de energía, brindando estabilidad fiscal y reglas claras para las inversiones en ese sector.
Entre los proyectos hay varios que seguramente contarían con la aprobación mayoritaria, como la reforma para del INDEC, que pretende que el Poder Ejecutivo designe al director del organismo con acuerdo del Senado, mientras que su director técnico deberá ser nombrado tras un concurso público.
Por más grave o supuestamente contrario a las ideas de un sector que sea un proyecto de ley, por más electoral que sea un año, por más legítimo que sea el uso del quórum en los mecanismos legislativos, creo que todo debe discutirse, consensuarse si se puede o rechazarse si no se acuerda, pero negarse sistemáticamente a su tratamiento es desconocer las razones que sustentan el funcionamiento de la democracia y desobedecer el mandato popular de representación. Y menos si se hace en medio de un show de recorrida por medios afines, con declaraciones destinadas a escandalizar para conseguir votantes, como se viene viendo.
Señoras y señores legisladores nacionales, trabajen.
¿Es mucho pedir?