Se supo la semana pasada que más de 250 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo no deberían recibir el cobro mensual del programa, por haber incurrido en diferentes incompatibilidades, como compra de dólares ahorro en los últimos 6 meses y la presentación de declaraciones juradas de Bienes Personales.

Por Pablo Borla

El informe, realizado sobre 1.383.279 titulares, también detectó que al menos 2.800 personas fallecidas siguen cobrando el plan asistencial a través de familiares o apoderados, que 10.477 poseen un automóvil de menos de un año de antigüedad y 39.874 son titulares de comercios en actividad o realizan explotación agrícola o ganadera, entre otras incompatibilidades.

Un pedido de informes del Ministerio de Desarrollo Social a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó la situación irregular en el Programa, según la cual casi el 20% de quienes reciben el beneficio no tendrían derecho a acceder a él.

En el ajedrez de la interna oficialista, inmediatamente surgieron los rumores de un carpetazo bien calculado: Desarrollo Social tiene como ministra a Victoria Tolosa Paz, una funcionaria del riñón del presidente Alberto Fernández, mientras que la AFIP -que detecta la situación- es comandada por Carlos Castagneto, funcionario cercano a Cristina Kirchner y uno de los fundadores de la organización kirchnerista Kolina.

El 20 de junio pasado, en un plenario de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó -refiriéndose al manejo de los planes sociales en un encendido y recordado discurso- que “El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales. No pueden seguir tercerizadas” y que “El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto. A mí no me gusta que me quieran convencer de que eso es peronismo. (…) El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja”.

La referencia hizo recordar a los memoriosos la situación que vivían muchos trabajadores del siglo pasado que eran explotados por sus empleadores privados. Pero en la actualidad, que están condicionados por dirigentes que supuestamente son sus pares, Arturo Jauretche diría que “No se trata de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro”.

El Estado debe hacerse cargo de sus responsabilidades, entre ellas de la pobreza que diferentes administraciones deficientes han contribuido a generar.

En ello, es inmoral abandonar a su suerte a millones de argentinos empobrecidos y precarizados en sus ingresos; con una familia a cargo y un futuro cada vez más incierto a medida en que la vejez avanza, las dolencias crecen y al cuerpo ya le cuesta seguir la voluntad de la mente de levantarse cada día a conseguir, no sólo el pan diario, sino también el acceder a otros derechos que su sola condición humana le asigna.

Este concepto implica una posición política de solidaridad hacia los más desfavorecidos por la suerte o la circunstancia y está alejada del “sálvese quien pueda” de algunas líneas ideológicas, que dejan en manos de la oferta y la demanda del mercado la fortuna o la miseria de personas que, en la carrera de su vida, parten de una línea de salida llena de dificultades desde su mismo nacimiento, por la pobreza familiar, la orfandad, la ubicación geográfica desfavorecida o alguna limitación de su cuerpo o de su mente.

En medio del temor que dejó la pandemia; de la incertidumbre que aún genera la guerra; de la hostilidad de un ambiente que nos está devolviendo la agresión y el maltrato con que la Humanidad trató a la naturaleza, surgen las convicciones extremas que alejan a las personas de la solidaridad y la empatía, características que nos hacen seres humanos.

Hay una teoría que dice que la civilización comenzó cuando una persona -hace miles de años- se quedó cuidando a otra que estaba herida y en desventaja frente a los depredadores.

Pero esa solidaridad, esa asistencia, ese derecho al resguardo del Estado que las personas tienen por haber nacido en su territorio, se escucha cuestionado en muchas conversaciones de personas que desprecian a los denominados “planeros” como si se tratase de zánganos que viven del esfuerzo ajeno.

Cabe aclarar que esa misma vara condenatoria no se aplica a los que, con ingresos acomodados, aceptaron con naturalidad y durante años los subsidios a la luz, gas o agua, o declararon baldíos a mansiones o abrieron cuentas en paraísos fiscales para pagar menos impuestos.

Noticias como el abuso de quienes reciben planes sin merecerlos -esa combinación de vivos, de inmorales y de ineficientes- les dan argumentos a quienes los desprecian, cuando en realidad hay millones de compatriotas que reciben planes, pero no dejan de esforzarse por conseguir un trabajo, capacitarse y progresar para ya no depender de él.

Esa minoría de estafadores y esos funcionarios del Estado que no realizan un control por ambición, demagogia o mera incapacidad, son los que alimentan y sirven de justificativo a un circuito de frases hechas y de noticias falsas que llenan de indignidad a quienes deben recibir una asistencia del Estado porque no les queda otra alternativa. Y quedan impunes, siempre.

El Gobierno debe auditar con firmeza y la Justicia debe procesar con todo el marco legal adecuado las situaciones de abuso, esas que se conocen en el día a día; que hacen decir “no tengo pruebas, pero tampoco dudas”.

El único camino posible es la transparencia, al margen de las internas, de los partidos y de a quien le toque en suerte administrar los dineros públicos.