Recientemente, Dinamarca ha ordenado prohibir el uso de productos de Google en todos sus municipios. La decisión surge a raíz de la supervisión de la Agencia de Protección de Datos en el uso de estas aplicaciones en las escuelas porque no cumplen con el Reglamento General de Protección de Datos.

Por Pablo Borla

Los datos se podrían estar enviando a Estados Unidos sin los niveles de seguridad necesarios por sistemas como Google Workspace, que es un servicio muy popular de Google que proporciona varias aplicaciones web como Gmail, Meet, Drive y Docs.

La Unión Europea se ha mostrado recelosa acerca del uso de los datos de sus habitantes fuera del territorio europeo, sobre todo teniendo en cuenta que no está segura del nivel de protección con que cuentan los datos personales, que puede ser investigados, merced a la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de los EE.UU, que permite a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) recopilar información perteneciente a no estadounidenses fuera del país, con la obtención de sus datos almacenados con proveedores de servicios de comunicaciones, como Facebook.

Y por casa… ¿Cómo andamos?

Hace más de 20 años se sancionó la Ley N° 25.236 de Protección de Datos Personales y hacia fines de 2020 se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para modificarla, sin que ello haya ocurrido. Buena falta que le hacía, ya que cuando fue sancionada no existían, por ejemplo, Facebook ni Instagram y, de hecho, tampoco Gmail.

Nos ubiquemos en el tiempo: cuando se sancionó la Ley, aún se utilizaban muchos más teléfonos fijos que celulares y a nadie se le ocurría que multinacionales de la información pasarían a canjearnos esos datos por un poco de entretenimiento y mucho menos que esté disponible el manejo de nuestras cuentas bancarias y tarjetas de crédito en forma directa en un teléfono móvil. De hecho, los celulares que existían eran voluminosos y si uno los utilizaba en la calle, los transeúntes nos miraban como si fuéramos unos locos hablando solos, en voz alta.

A causa de las limitaciones de la pandemia, el comercio electrónico aumentó durante 2020 un 124% respecto al año anterior y registró una facturación de más de $900 mil millones de pesos de esa época, pues más de un millón de nuevos consumidores se sumaron al ambiente digital.

La Ley entiende como “datos personales” a la información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal. Incluidos los datos sensibles que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.

Hemos recorrido un largo camino, muchacha, dirían los de la publicidad de cigarrillos finitos. Y, en efecto, la revolución digital nos hizo recorrerlo en muy poco tiempo y ya tenemos tan naturalizado el comercio electrónico que las empresas que se dedican a él, como Amazon o Mercado Libre, son multinacionales que cotizan en Bolsa y sus dueños, multimillonarios.

El Inciso 3º del Artículo 7 de la Ley de Protección de Datos Personales dice que “Queda prohibida la formación de archivos, bancos o registros que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles”… pero ¿Quién garantiza que esta ley se cumpla adecuadamente?

Recientemente, en Comodoro Py, la Cámara Federal resolvió revocar el procesamiento que se había dictado en el juzgado federal de Dolores a Mauricio Macri, en la causa por espionaje a familiares del ARA San Juan por inexistencia del delito de haber espiado a los familiares de las víctimas del submarino. Esto se hizo, además de con las tradicionales fotos e infiltraciones de espías en las marchas, también en sus redes sociales.

Para la Cámara Federal, esto se realizó únicamente para salvaguardar la seguridad presidencial y la interior, en lo que parece una justificación un poco amplia y discrecional.

Constantemente estamos brindando, de buena fe, nuestros datos personales y compartiendo actividades, deseos y convicciones con empresas de enorme magnitud y alcance. Cada tanto, nos llegan noticias de la filtración de información, incluidas contraseñas, utilizadas para desplegar campañas publicitarias personalizadas y a veces estafas, cuando accedemos a brindar claves que abren las llaves de nuestras finanzas.

Son datos cuyo valor es millonario y en ellos se funda el éxito comercial de estas multinacionales. Se los damos con autorizaciones de conformidad -que son como extensos tratados que nadie lee en detalle- imprescindibles si queremos usar la aplicación digital.

La presidenta de la Fundación Libertad de Expresión + Democracia (LED), Silvana Giudici, advirtió que los datos personales en bases públicas son muy vulnerables. Dio un dato que muestra el peligro creciente: desde 2020, se produjeron más ataques cibernéticos a los sistemas digitales del Estado que en los cinco años anteriores.

Europa tiene una cultura de resguardo de la intimidad de sus habitantes más desarrollada. Es cierto, también, que ya tienen resueltos algunos temas importantes como la inflación y la convivencia democrática, pero nosotros no deberíamos permitir que lo urgente nos quite el tiempo para temas importantes como lo es la protección de nuestros datos personales, que son parte esencial de nuestra vida.

La Ley que los ampara debe ser actualizada y nuestros legisladores deben ocuparse de ello, junto con las urgencias de coyuntura. Ser moderno y comprometido no es solo estar a favor de ampliar derechos sino también de defenderlos.