Por Natalia Aguiar
Qué maravilla de primer mundo vivir en un país donde el “estímulo educativo” sea primordial para la resocialización. La verdad que los argentinos debemos sentirnos bendecidos de contar con un sistema judicial, penitenciario y político que apueste a la reinserción de aquellos que se “equivocaron” y pretenden volver a la sociedad para hacer el bien, para cumplir un rol.

Resulta que el ex vicepresidente, Amado Boudou, consiguió una reducción de diez meses sobre la pena a cinco años y diez meses de prisión dictada en su contra por el caso de la ex imprenta Ciccone. Fue el 29 de enero, día de los “ñoquis” , que el juez Daniel Obligado firmó un fallo en el que resolvió "hacer lugar a la solicitud de estímulo educativo" que había presentado la defensa de Boudou "y, en ese sentido, reducir en diez meses los plazos para el avance del nombrado dentro de la progresividad del régimen penitenciario". ¿Le habrá pasado letra el juez al abogado de Boudou?

A los hechos me remito…Es que el juez aferrado a las garantías constitucionales –como nunca- rescató los cursos de formación que el ex vicepresidente hizo durante los últimos tiempos mientras estaba privado de su libertad por delitos de corrupción. La verdad es que Boudou se dedicó a mantener la cabeza ocupada y se volcó al estudio de “Filosofía”, "Electricista instalador" y "Práctico en organización de eventos". Así que si alguien quisiera organizar una fiestita, ni lo dude que Boudou tiene la experiencia… y más si se trata de imprimir billetes… a lo loco…!

Cerca de las festividades del carnaval, la semana previa del 12 de febrero vencen los plazos para que los abogados de Amado Boudou amplíen el pedido para que el ex vice cumpla en su casa la condena por corrupción que fue confirmada por la Corte Suprema. Es que la defensa de Boudou irá a por todo. Insistirán en que la Justicia aplique el máximo del beneficio que habilita el "incentivo educativo", o sea que podrían reducirle la condena a veinte meses. En medio de este jolgorio de carnaval K´arioca a pura nieve en pomo, ya no será Daniel Obligado el juez que tome ambas decisiones, sino que hay otro juez subrogante de ejecución penal, Ricardo Basílico.

Mire que picarón el juez Obligado -con todo respeto por supuesto- que en abril del año pasado concedió el beneficio del arresto domiciliario a Boudou con sustento en que era mejor para su núcleo familiar, y redujo diez meses la condena por el caso Ciccone un día antes de dejar de ser juez subrogante de ejecución penal. “Soltáme carnaval”, dirían los Tekis entre saya y carnavalitos. Antes de dejar el cargo el 31 de enero, Obligado concedió la reducción de pena como si de una fiesta pagana en honor al Dios del vino se desplegara en su juzgado. O qué le habrán prometido…

Las próximas decisiones sobre la situación del ex vicepresidente de Cristina Kirchner estarán en manos del magistrado Ricardo Basílico, quien a su vez integra el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) en carácter de titular y también subroga el TOF 4.

Billetes y más billetes

El juez Basílico integró el Tribunal que condenó a José López por enriquecimiento ilícito en el caso de los bolsos con 9 millones de dólares que buscó esconder en un convento de General Rodríguez, arrojándolos a través de la medianera. Pero además, éste nuevo magistrado integrará el tribunal que juzgará a Cristina Kirchner en el caso por las operaciones con Dólar futuro. Habrá que ver si se suma al carnavalito o pone las cosas en su lugar. Que sea un juez que vele por los ciudadanos y el bienestar de sus familias.

2021, detrás de las máscaras

El Gobierno, el oficialismo, el ultra kirchnerismo trabajan en una ofensiva para consolidar su poder en la Justicia. El objetivo es lograr disciplinar con gente propia, la Cámara Federal, doblegar a los fiscales y cogobernar la Procuración General de la Nación, a cargo del archi enemigo kirchnerista, el procurador suplente Eduardo Casal.

Proyectos: Así es que impulsan la reforma del Ministerio Público que le asegura nuevas facultades a los senadores kirchneristas para la intervención legislativa en temas de la Procuración y por otro lado, se intenta controlar el jurado de enjuiciamiento de fiscales, para buscar suspender al procurador interino Eduardo Casal, y a otros tantos fiscales que se dedicaron a hacer su trabajo: Investigar causas de corrupción. El jurado de enjuiciamiento de fiscales está integrado por kirchneristas y oficialistas. ¡Un viva la pepa!.

La otra inquietud para lograr impunidad está centrada en la Cámara Federal, donde el oficialismo ya logró el control de la mitad del tribunal y va por la otra mitad, a cómo dé lugar. No importa cómo, se hace. La Cámara Federal es la segunda instancia de revisión judicial penal en casos de corrupción contra funcionarios públicos nacionales. Una de sus salas está integrada por Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Los dos primeros fueron conminados por la Corte-incluso en contra de su propia jurisprudencia- para dejar su lugar por haber sido trasladados sin concurso mediante.

En la otra Sala, Martín Irurzun, autor de la doctrina “Irurzun” por la que se permitió encarcelar a ex funcionarios kirchneristas para evitar que por sus contactos e influencia entorpecieran las causas. Allí volvió también, Eduardo Farah con aval de Alberto Fernández. Pero además, el Ejecutivo mandó el pliego al Senado, para el tratamiento del nombramiento de Roberto Boico, abogado de Cristina Kirchner en el caso por la firma del memorándum con Irán, para cubrir la otra vacante de esa sala de la justicia federal.

En la competencia penal argentina, hay cuatro instancias de apelación, la tercera es la Casación y la cuarta la Corte. Pero para el kirchnerismo, la Segunda instancia, la Cámara Federal, es una boca de tormenta para frenar acusaciones y para impulsarlas contra la oposición. Léase, Mauricio Macri y cualquiera que se atreva a cuestionar. Existen los “topos” u operadores políticos y judiciales que buscan información, la inventan y arman causas para un lado y para el otro. Algunos jueces y fiscales pueden subirse a ese trencito carnavalesco, y otros hacen frente. Que la Justicia y el Congreso pongan límites y se controlen mutuamente como lo planteó el barón de Montesquieu. Que no sea todo el año carnaval… “Conforme es carnaval, es el cuaresmal”.