Por Natalia Aguiar
La toma del capitolio estadounidense puso en jaque al modelo democrático que sustentó Estados Unidos desde la conformación como Nación independiente, allá lejos cuando se disolvieron las trece colonias británicas. La cuestión dejó a los líderes del mundo boquiabiertos ya que demostró lo frágil que pude ser incluso la más sólida de las democracias.

Para algunos fue un intento de toma del capitolio, para otros un escándalo más, organizado por el presidente Donald Trump para evitar que el mandatario electo Joe Biden asuma como la ley manda. En todo este contexto de “toma del capitolio”, Trump también tomó la Constitución por el mango e hizo valer una facultad que le compete e indultó a varios políticos y funcionarios, congresistas y amigos vinculados a hechos de corrupción y otros graves delitos contra los fondos del Estado. Limpiando rastros y abuso de poder.

Bien a la criolla, si bien Alberto Fernández negó la posibilidad de imitar a Trump, no lo desecha si fuera a través de una ley del Congreso. Tendrían los votos en el Senado pero no en Diputados, donde debería esperarse hasta las legislativas de este año. Es que el siempre polémico y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni, tiró la piedra y desató la polvareda. El magistrado planteó el indulto político para “políticos perseguidos” como es el caso del ex vicepresidente Amado, Boudou, la piquetera Milagros Salas, Hebe de Bonafini y la vicepresidenta Cristina Kirchner, con quien Zaffaroni mantiene lazos intelectuales.

El discurso político

Una cosa es lo que se dice en plena campaña electoral y otra la que se plantea ya en el poder “prestado” que ejerce Fernández. En su speech electoral aseguró que no iba a dictar perdón presidencial alguno, y consideró a esa institución como un legado totalitario, “una rémora monárquica que quedó en la Constitución”. Pero Fernández, Alberto, lanzó una bomba molotov- en una actitud similar a la de la toma del capitolio- al insinuar la posibilidad de que el Congreso de la Nación sancione una ley de amnistía para beneficiar a los funcionarios procesados. Léase bajo el agua, Cristina Fernández.

Es que el primer mandatario, penalista por cierto, está convencido de que “en los últimos cuatro años hubo proceso judiciales desarrollados de manera irregular”. Será el 2021 un año de presión legislativa para instalar la ley de amnistía bajo sombras, porque en el discurso político sería piantavotos. Cabe la aclaración técnico penal de que el indulto es un perdón presidencial que exigiría una condena previa y que no borra el delito, cuestión a la que Cristina Kirchner no estaría dispuesta, pero la amnistía sería como si el delito nunca hubiera existido, el olvido del mismo. Volver las cosas a su estado anterior. Más o menos así. Más bien Impunidad con mayúsculas.

Claro que el oficialismo sigue en pie con la Reforma Judicial para intentar ampliar los juzgados federales -encargados de juzgar a los funcionarios públicos- y ampliar la Corte Suprema. Dividirla en Salas competentes por materia o incluso como existe en otros países como Francia y España, contar con un Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Desde la teoría, sería muy bueno si fuera para ampliar y diversificar las miradas jurídicas pero no sería oportuno si los impulsos fueran para lograr el privilegio de la impunidad.

No sos vos, soy yo

En un año electoral como se nos presenta el 2021, en el peronismo no sólo se cuecen habas judiciales, sino también enroques de poder. Está arreglado ya que Máximo Kirchner liderará el peronismo bonaerense, y Alberto Fernández el PJ nacional. Es que se apuesta otra vez a su don de prenda de unión y capacidad de conciliador nato.

Las tierras bonaerenses pueden dar vuelta una elección nacional, razón por la que ese territorio es bastión de mando. La mayoría de los intendentes pretenden además, eliminar la ley que les erradicó la posibilidad de la elección indefinida. El oficialismo anda en busca de un juez amigo que ejerza un control de constitucionalidad “a dedo” e interprete a favor la ley para que se aplique a partir de este período y no desde el 2015/19, como ocurre en la actualidad.

Además, el peronismo, sea Cristinismo o Albertismo, está muy cerca de nombrar como juez federal electoral de ese districto a Alejo Ramos Padilla, cercano a La Cámpora y para algunos una persona capacitada, pero que jugará un rol esencial en el control de las elecciones. Desde 2011 Ramos Padilla ejerce la judicatura en Dolores e investiga la causa por el espionaje ilegal en la que está procesado el falso abogado Marcelo D’Alessio y el fiscal federal Carlos Stornelli. En Noviembre del año pasado, el oficialismo propuso a este funcionario judicial para asumir en el juzgado federal 1 de La Plata, vacante desde 2014 tras fallecer su titular, Manuel Blanco. Un juzgado estratégico del poder.

Capitolio a la criolla

Como si no nos faltarán problemas, pandemia mediante, existe preocupación en el empresariado argentino por las “erróneas políticas económicas” . Además miran con cautela y desconfianza algunas posibles medidas que implicarían una injerencia desmedida del Estado en las empresas privadas. Entre ellas, “la intervención del mercado de Servicios de Tecnología de la Información y las Comunicaciones a través del DNU 690/20, la prohibición de las exportaciones agropecuarias, el congelamiento de precios de alimentos y servicios y de las tarifas de electricidad y gas y la anulación del aumento otorgado a la medicina prepaga el mismo día en que el mismo había sido aprobado”, así lo expresó en un comunicado el Foro de Convergencia Empresarial. En el texto, no sólo se efectúa un duro análisis sino que además se alerta respecto la "reiterada intervención del Estado en las actividades del sector privado".

El Gobierno de Alberto Fernández inicia un 2021 con una muy baja imagen social. Los datos duros surgen de la última encuesta de Poliarquía Consultores, que establece un retroceso respecto del 2020 y detalla que la imagen del Gobierno cayó 5 puntos en diciembre con respecto a noviembre. Además, el 54% de los encuestados opinó que la influencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner "perjudica al gobierno nacional".

Al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Dato, mata versión. Si bien Alberto insiste en que no indultará a nadie, también deslizó que "hay gente en el Frente de Todos que sueña con una revolución; no es mi idea", refutó en un jaque mate y marcó postura. No a la impunidad y a los abusos. Que se produzca la revolución, pero laboral, educacional, de la salud, de la Argentina próspera y con futuro.