Por Natalia Aguiar
Argentina se encuentra atravesada por el huracán “Cristina”, y a su paso, deja huellas profundas, acaba con los valores ciudadanos, trastoca los límites de la moral, de la seguridad jurídica, de la igualdad, derriba los cimientos de las instituciones.
El paso de “Cristina”, evidencia que existen distintos tipos de ciudadanos, aquellos que accederán a una justicia de privilegios, aquellos con “llegada” a algunos contactos, los “obsecuentes”, y aquellos, pobres desvalidos, que serán víctimas del rigor de la ley.
Allá por 1.900, el meteorólogo Clement Wragge empezó a utilizar nombres femeninos para referirse a las tormentas tropicales, y cuando éstas eran especialmente fuertes recurría a los nombres de los políticos de su época que más aborrecía. A los argentinos nos tocó esta tempestad que amenaza con arrasar todo a su paso. Sobre todo, si no logra la impunidad que se planteó como objetivo al recuperar el poder de mando. Acuerdo que consensuó con Alberto Fernández, o acaso la presidencia iba a ser gratis. Todo tiene un costo.
El sobreseimiento por lavado de dinero público sin juicio previo de Cristina, sus hijos Máximo y Florencia, como a los señalados como testaferros, Lázaro Báez y Cristóbal López, en la causa “Hotesur” y “Los Sauces”, ha generado movimientos císmicos en la política, la Justicia y la moral argentina. Aunque la moral, para los referentes del oficialismo, pareciera no tener la importancia que representa para la gente de trabajo.
Una vez que los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, sobreseyeron a la vicepresidenta en una causa rebalsada de pruebas en su contra, será la Cámara de Casación, cuarta y última instancia de revisión penal del país, antes de arribar a la Corte, la que deberá decidir si la cuestión queda así, o bien podría revertirse. Y así ya empezó la operación “rescate”, se despliegan nexos, contactos, se activan las alarmas de los topos, los obsecuentes del poder y se intentará mantener la estrategia de impunidad de Cristina.
La Sala I donde recaería la causa para revisión está integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa. Los dos primeros magistrados son personas respetadas y de carrera judicial, mientras Figueroa ha dado innumerables señales de mimetizarse con el kirchnerismo. La cuestión es que Petrone estaba destinado a presidir la Casación, lo que implicaría que deje de ser titular de la Sala I, lugar que debería ser asumido por un magistrado subrogante y allí se despiertan las esperanzas del kirchnerismo ya que podrían acudir a Alejandro Slokar, alfil de Eugenio Zaffaroni, y abiertamente cercano al oficialismo.
Aunque podrían otros magistrados asumir ese rol, la operación “rescate” ya está en marcha. Sólo resta ver hasta dónde es capaz de llegar Cristina, y los jueces corruptos, para lograr dar vuelta la letra de la ley y conseguir su mentada impunidad. Todo está en marcha, nada puede sorprender a estas alturas y sobre todo a fin de año, antes de concretar los cambios en el Congreso Nacional. El trabajo de los topos es contrareloj. Alerta.
La Sala I debe revisar no sólo la causa Hotesur sino también la causa de la obra pública conocida como “Cuadernos”, en la que muchos empresarios reconocieron el pago de “retornos” para la concesión de licitaciones.
Parte de la responsabilidad de que todo esto que se narra, ocurra, es de los jueces “oscuros”. Aquellos que se niegan a respetar la ley y responden a la Obediencia Debida del poder de turno.
Aunque resulte llamativo para el común de la gente, la raíz de la corruptela argentina, se centra en los enroques judiciales. La máxima responsabilidad de la corruptela argentina es responsabilidad de los jueces federales, incapaces –en su mayoría- de cumplir con la ley, de hacer respetar la norma. Los jueces están en sus cargos para poner límites a los avances del poder.
Una de sus funciones es cuidar a los ciudadanos, de los abusos del poder, como serían los casos Hotesur y Cuadernos y tantísimos otros, con suficientes pruebas de maniobras corruptas para hacer uso y abuso de los fondos públicos para obtener réditos particulares.
Inconsistencias
La Justicia debería funcionar como un dique de contención, brindar seguridad a todos y todas, sin distinción, sin embargo, se puede ver que es la raíz del problema.
Nuestro sistema de gobierno, republicano, federal y representativo, se sustenta en el control recíproco de los poderes entre sí, justamente para garantizar transparencia, para asegurar garantías por igual a todos. Pero, si uno de esos poderes, en este caso el Ejecutivo, abusa de su poder, y no existe una Justicia que lo limite, la cuestión se vuelve insostenible. Tal cual nos ocurre ahora. Tal cual pasa ante los ojos.
Así, se consolida la impunidad. Con arreglos epúreos, con atajos para evitar cumplir la norma. Se enferman jueces, se toman vacaciones, para que otros asuman. Se manipulan los sorteos de los jueces, y así las Salas y Tribunales se arman de acuerdo a carta gourmet. A gusto y paladar.
Mientras tanto, la persecución y el clientelismo
“Cristina” va por todo. Y salió a la luz que el organismo de control tributario, AFIP, desplazó a 40 funcionarios que investigaron a Cristina y a Lázaro Báez.
El periodista Hugo Alconada Mon detalla que por diversos mecanismos, esos funcionarios fueron marginados o degradados, con afectación a sus salarios por haberse atrevido a investigar a Cristóbal López, Ricardo Echegaray, ex titular de AFIP, y a otros tantos ex funcionarios alineados al oficialismo. Un modus operandi que se repite, gestión tras gestión en el kirchnerismo duro.
En otra investigación de Bruno Yacono, se detalla que el Gobierno reparte $21 millones diarios entre los piqueteros favoritos de Alberto Fernández, cooperativas y grupos mapuches. Es que desde el Gobierno se teme una escalada de marchas en pleno diciembre, ante la pobreza extrema que Argentina atraviesa. Pero están atando con alambre.
Entre el 5 de enero y el 21 de octubre de 2021 el Ministerio de Desarrollo Social que ahora conduce Juan Zabaleta, repartió $6.157.653.247, es decir, $21.306.758 por día.
Cristina le da su respaldo a Martín Guzmán
Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional no atraviesan su mejor momento, pero la vice se reunió con el ministro de Economía para conversar al respecto. Fue la semana pasada, miércoles pasado el mediodía. La tensión se cortaba con un hilo. Es que Cristina está preocupada por la permanente pérdida de reservas, y aunque no lo admitan en el círculo rojo, los números no cierran. Las alertas están encendidas. Y esta reunión se da en un momento límite.
Kristalina Georgieva y su equipo son cautos y solicitan a la Argentina, un rumbo claro y consensuado entre oficialismo y con la oposición. Hay pocas certezas, aunque el Gobierno insista en dar señales de consenso y acercamiento.
Por ahora, el ministro Martín Guzmám, bendecido por el Papa Francisco, presentaría su plan “plurianual” en el Congreso a mediados de diciembre. Cercanos al ministro explican que no devela las claves de su plan aunque saben que debe tener ritmo la convergencia fiscal.
Tampoco conocen a ciencia cierta cómo planea Guzmán, hacer frente y financiar los años de crisis y el estado en rojo de las cuentas públicas que quedan por delante, y cómo afectará al tipo de cambio la necesidad de acumular reservas con una brecha de 100%. La duda se centra en si se dará lo inevitable: una devaluación más agresiva, o si podrá evitarlo. Mientras Guzmán pelea por lograr crecimiento y frenar la inflación, sin reservas del Banco Central, los profesionales del Fondo Monetario Internacional le exigen un plan que sea factible de cumplir, un plan que asegure la sustentabilidad de la deuda. Así estamos ante dos monstruos, el FMI y el huracán “Cristina”.
Ambos temerarios, aunque algunos se atreverían a pronosticar cuál de ellos tiene mayor capacidad de daño. A los hechos remitirnos…