En pleno debate parlamentario por un paquete de medidas con muchos puntos inconstitucionales, el edecán del presidente y el propio primer mandatario hacen gala de simplismo, patoterismo discursivo y extorsiones a los representantes institucionales de otras escalas de la democracia.
Por Franco Hessling
En los últimos días empezó algo que se venía esperando por minutos. El debate parlamentario por el DNU y la Ley Ómnibus del oficialismo se retrasó más de la cuenta, allende las fiestas de fin de año, pero arrancó con el nuevo año, en plena fiebre de energía renovada. El 2024 comenzó para los legisladores nacionales con la potencia de una nueva era. Esos congresales a los que el vocero Manuel Adorni gusta llamar “la política”, aquella que sitúa en el Congreso y que el presidente ha vociferado, más que su vocero, acusándola de querer cobrar coimas por no aprobar cual gestoría sus voluntades de gobierno.
Javier Gerardo Milei es un presidente con mucho protocolo y poca política. Y no porque odie la casta o eso que Adorni llama de modo reduccionista “la política”, sino porque el hacer política es un ejercicio de administración de voluntad, la propia y la de otros. Milei, en ese caso, es de los que apenas ha logrado aprender a lidiar, a duras penas, con administrar su propia voluntad. Sus desequilibrios temperamentales son de público conocimiento, hay sobrada evidencia de sus exabruptos, sucedidos por reflexividad impostada y la voz carrasposa de arrepentimiento.
En ese ida y vuelta está su propia administración política de la coyuntura parlamentaria. No sólo se despachó acusando de coimeros sin pruebas, una costumbre suya, a los legisladores nacionales, sino que junto a su vocero han pretendido presionar a “la política” para que apruebe a sobre cerrado las intenciones de administración popular del programa de gobierno libertario. Vocero y vociferante arreciaron contra el parlamento por debatir y pretender reformas a dos mamotretos administrativos inconstitucionales por donde se los mire.
Por si faltaran dejos de ausencia de política, como el arte de administrar voluntades individuales y colectivas, el presidente Milei y su edecán, vociferante y vocero, cargaron contra la CGT y el gremialismo, al que vienen acusando de interrumpir la gobernabilidad con un paro en tiempo récord. La CGT no gusta de hacer paros, aunque suene extraño siendo la mecánica de lucha tradicional del trabajador asalariado y registrado. Ocurre que la avanzada del programa libertario no deja flanco por atacar: reforma laboral por decreto.
Así como no hay registro histórico de una huelga tan veloz de la CGT contra un gobierno democráticamente elegido, tampoco hay dato historiográfico sobre una conculcación semejante al orden democrático institucional como las reformas que pretende Milei por DNU, cuando, por ejemplo, no hay ninguna necesidad ni menos urgencia de extranjerizar la tierra, desechar la ley de fuego, privatizar empresas públicas o convertir los clubes sociales y deportivos en sociedades anónimas.
Presidente y vocero no están solos. La ministra de Seguridad y todavía presidenta del PRO, Patricia Bullrich, al igual que con el Polo Obrero por la movilización del 20 de diciembre, le giró a la CGT el costo por los operativos de seguridad de la movilización con la que hicieron un acto político de la presentación de un amparo contra el DNU, a fines de diciembre. La suma asciende a 40 millones y los sindicalistas ya anticiparon que denunciarán al gobierno por esa acción ante la Organización Internacional del Trabajo.
El guiño a la CGT, simbólico por cierto, lo hizo la vicepresidenta Villarroel al designar en la comisión de Derechos Humanos a la hija de Rucci. Sobre el DNU puede esperarse que cierto peronismo vaya cediendo y complete el alineamiento esperable entre la casta del Congreso y la casta de la Rosada, con Guillermo Francos y Rodolfo Barra -funcionarios desde los años menemistas- a la cabeza. La Ley Ómnibus no saldrá sin cambios, algunos de los cuales ya han sido admitidos por los propios ministros que comparecieron esta semana en el Congreso.