La intendenta resolvió suspender una ordenanza que eximía a ciertas personas de pagar impuestos municipales. No se sabe si en esa decisión hay más mezquindad que razonabilidad contable, pero sí se sabe que esas personas sí merecían el beneficio.

Por Franco Hessling

El pasado 2 de enero, primer día hábil del año, la administración municipal vetó una ordenanza que se había sancionado en noviembre y que modificaba los marcos tributarios de la ciudad, buscando ampliar el universo de beneficiarios de exenciones a los impuestos municipales. Estos últimos principalmente a los inmuebles y automotores.

Los gravámenes municipales también se componen de tasas, como la de alumbrado público que se abona para la caja de LuSal. No es un dato de fácil acceso el volumen dinerario que recauda la municipalidad, que también hace ingresos de las infracciones y contravenciones, muchas del ámbito del tránsito.

En la ordenanza vetada se promovía la ampliación del universo de beneficiarios de exenciones a algunas de esas cargas tributarias. De acuerdo a las opiniones vertidas en el recinto legislativo en el momento que se debatió, tanto como de los medios resueltamente opositores a Bettina Romero, como la radio propiedad del padre del ministro de Turismo y Deportes de la Provincia, el espíritu de la ordenanza era beneficiar a “vulnerables”.

En ese espectro se incluían a adultos mayores, al menos los alcanzados por el sistema previsional con acceso a pensiones o jubilaciones, las personas con discapacidad, los desocupados y quienes padecen alguna enfermedad terminal. No había especificidades de cómo se accedería a las exenciones y qué número aproximado de ciudadanos podría acogerse al beneficio.

Justamente en eso se argumentó la administración comunal para fundamentar el veto a la norma. Desde los despachos de la Secretaría Legal y Técnica del municipio, encabezada por Daniel Nallar, las explicaciones del veto se adentraron en los procedimientos más que en el espíritu de la norma. Dijeron que no habían sido consultados durante el tratamiento de la ordenanza y que ese ajuste contable no estuvo planteado en el presupuesto municipal.

Sin embargo, tampoco desde el Centro Cívico Municipal se ofrecieron precisiones de qué tan significativo podría ser el cambio para la hacienda de la ciudad. Ni números netos ni porcentajes, ni cifras ni proporciones, no se reveló información pública de índole contable. Los argumentos de uno y otro lado, como casi siempre, fueron mezquinos y de poca profundidad.

No podemos saber a ciencia cierta si el veto fue más avaricia y delimitación política que necesidad procedimental y contable. Lo que sí estamos seguros es que la ordenanza efectivamente buscaba beneficiar, al menos en su espíritu, a personas con ciertas complicaciones de vida que, claro, también repercuten en sus economías. Y eso, ahora y por decisión municipal, está vetado.