Francisco Laiseca

La madrugada del 12 de febrero de 2026 quedará marcada como el momento en que el Senado de la Nación decidió apagar una de las luces más importantes de nuestra democracia al derogar el Estatuto del Periodista.

Sancionado en 1946, este estatuto no era un "privilegio" de casta, sino una protección esencial para que los trabajadores de prensa puedan investigar e incomodar al poder sin ser invisibilizados por los intereses de las empresas de medios. Al suprimirlo, se entrega la libertad de expresión a la voluntad discrecional de las patronales y a la precariedad absoluta de quienes buscamos la verdad en un contexto donde, como suelo decir, todo parece volar por los aires.

Como bien señala el autor Giuliano Da Empoli en su libro La hora de los depredadores, estamos entrando en una etapa donde los nuevos líderes moldean la realidad mediante la fuerza bruta y la disrupción caótica. Estos líderes "depredadores" prometen milagros bajo la premisa de que "rompemos las leyes pero hacemos milagros", volviendo irrelevante el respeto a las instituciones y los derechos. En este ecosistema, el periodismo que hace preguntas es visto como un estorbo para la construcción de narrativas digitales diseñadas por inteligencia artificial y eslóganes vacíos que solo buscan el scroll infinito del consumo.

Es necesario hacer una precisión para nuestra audiencia en Salta: si bien la presión oficial fue total, la senadora Flavia Royón no acompañó con su voto esta quita de derechos, a diferencia de los senadores libertarios María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, quienes sí votaron a favor de destruir esta garantía histórica de 80 años. Esta decisión nos deja a los periodistas locales en una vulnerabilidad total, facilitando el despido arbitrario y fomentando la figura del "colaborador" permanente, una forma de hiperprecarización donde el profesional trabaja a destajo, sin vacaciones ni derecho a enfermarse.

Estamos entregando la soberanía de nuestra comunicación. Al debilitar a los profesionales de carne y hueso, permitimos que la realidad sea dictada por plataformas tecnológicas extranjeras que operan en lo que Da Empoli llama una "Somalia digital": un estado fallido sin reglas donde solo los más fuertes imponen su mensaje. Sin la indemnización especial que funcionaba como escudo contra las presiones de los dueños de los medios, el periodismo corre el riesgo de transformarse en propaganda o en un "ejército de alcahuetes" que solo dice lo que el poder de turno quiere escuchar.

Como advirtió Nancy Pazos frente al Congreso, el periodismo debe ser la luz de la democracia, investigando aquello que el poder quiere ocultar. Sin derechos para los periodistas, lo que se apaga es el derecho de toda la ciudadanía a estar informada de manera veraz. Sin embargo, la historia es pendular y, aunque hoy la crueldad se haya puesto de moda, nuestro compromiso sigue firme. Como recordaba un viejo colega en la Plaza del Congreso citando al histórico Oscar Smith: "lo que se pierde peleando, tarde o temprano, se termina ganando". Seguiremos con el micrófono encendido porque la libertad no se declama, se defiende.