Tras una intensa jornada, con manifestación e incidentes en las afueras, el oficialismo y dialoguistas aprobaron por 42 votos a favor y 30 en contra el ambicioso proyecto del Gobierno. Luego de 14 horas de debate con más de 40 oradores, comenzó el tratamiento en particular de las modificaciones.

La Libertad Avanza contó con el acompañamiento del grueso de la oposición dialoguista, mientras que el interbloque peronista se mantuvo unido y rechazó en su totalidad la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.

A los 21 votos positivos del interbloque oficialista se sumaron los 10 integrantes de la Unión Cívica Radical, 3 del Pro, 2 de Provincias Unidas y 6 de bloques provinciales que responden a sus gobernadores, como los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; la chubutense Edith Terenzi; la tucumana Beatriz Ávila; la salteña Flavia Royón y la neuquina Julieta Corroza.

En tanto, los 30 votos en contra fueron 28 del interbloque peronista, que no sufrió fracturas pese a las tensiones internas, y de los 2 santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

Los principales funcionarios del Gobierno, con Karina Milei y Manuel Adorni a la cabeza, se hicieron presentes en el recinto de la Cámara alta en el cierre del debate. El ministro del Interior, Diego Santilli, estuvo instalado desde temprano, a cargo también de las frenéticas negociaciones.

La jornada estuvo marcada por la concentración en las afueras, donde se movilizó el sindicalismo y la izquierda. Hubo graves incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de las fuerzas de seguridad, que terminaron con varios detenidos.
Aunque el día anterior la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, protagonista indiscutida del tratamiento de este proyecto, había anunciado un total de 28 modificaciones consensuadas, las conversaciones por los cambios a la letra chica del proyecto continuaron durante todo el día, mientras se desarrollaba la sesión.

El debate dividió las aguas entre el oficialismo y sus aliados, que defendieron la premisa de que la reforma busca "generar trabajo" y "no quita derechos", mientras que el peronismo/kirchnerismo dejó sentada su postura de que es una norma "para despedir" y "va en contra de los trabajadores".