Por Natalia Aguiar

El Gobierno ha sufrido un duro revés en el Senado que rechazó las candidaturas de García Mansilla y Lijo para asumir como jueces de la Corte, quienes además fueron designados por decreto por el presidente Javier Milei.

Hubo rechazos mayoritarios en los bloques del PRO, la UCR y el kirchnerismo, que acordaron en la previa de la sesión garantizar el quórum. Durante el debate, varios senadores pidieron la renuncia del académico Manuel García Mansilla, quien juró como juez del máximo tribunal tras ser designado en comisión.

Si bien el oficialismo preveía que este tema iba a ser polémico, el golpe duro que sufrieron los sacudió. Lo paradójico fue que la “casta política”, según Milei, le puso límites al propio presidente capaz de transgredir la Constitución Nacional y designar por decreto, nada más ni nada menos, que a jueces de la Corte.

Además, “la casta” le dijo que no a Ariel Lijo, un juez federal muy cuestionado por su flexibilidad ante la ley y sus gustos excéntricos y costosos que ningún magistrado de su rango podría costear, pero él lo hace. Claro, sin poder justificar sus ingresos. Lijo siempre supo nadar en las aguas turbulentas de la política nacional. Supo acercarse a los poderes de turno de diversos colores con simpatía y desparpajo para que sepan los operadores que podían tener un aliado en él. No importaba la idiosincrasia o los valores partidarios, importaba el fin: hacer caja para sí y garantizar impunidad. “Todo se arregla en las oficinas de Va-Lijo”, dicen los abogados del fuero federal que llevan zapatos gastados en los pasillos de Comodoro Py.

A los senadores le molestó la forma, es decir la designación por decreto de los jueces y la irrespetuosa manera para con la letra constitucional del presidente de la Nación. Si ni el presidente, ni los jueces de la Corte respetan la Ley Suprema… ¡Válganos Dios!

Es que los magistrados de la Corte son, según la ley, los guardianes de la Constitución Nacional, pero si no la respetan, imaginemos que podrá depararle a un argentino de a pie que acuda a la Justicia en busca de tal.

La Constitución establece que los jueces de la Corte deben ser designados por el Senado de la Nación, previa intervención del Congreso, y sus pliegos deben presentarse en la Cámara Alta y ser analizados, impugnados, debatidos, y luego votados allí. Es decir que todo el proceso de selección debe pasar por el Senado.

Lijo es un reconocido juez federal corrupto, conocido en el ambiente judicial por “dibujar la ley” a su antojo. Fue señalado como su discípulo por Ricardo Lorenzetti, actual juez de la Corte, aún más corrupto que Lijo. Quien ahora se lava las manos y respecto a García Mansilla salió a decir: “Yo no aceptaría ser nombrado por decreto”.

Desde el mes de febrero García Mansilla asumió en la Corte como juez en comisión y fue muy cuestionado por el arco judicial y académico. Tras la decisión del Senado, salieron constitucionalistas, abogados y profesores de derecho de la UBA a cuestionar su nombramiento y a solicitar que deje ese cargo de manera inmediata, porque lo consideran ilegal, inconstitucional y amoral.

El catedrático, se encamina a dar un paso al costado, a pesar de que en la Casa Rosada hubiesen deseado que se mantuviera en su sillón. Se ve que hizo mea culpa tardía, y lo sustentaría como una decisión personal. Presentaría la renuncia entre hoy lunes o mañana martes. Pero el Gobierno insiste en que se quede y trascendió que en las últimas horas presentó un recurso judicial que se conoce como per saltum, ya que saltea otras instancias para que sea tratado directamente por la Corte, en contra de la medida cautelar dispuesta por el juez Alejo Ramos Padilla para impedir que el magistrado pudiera emitir nuevos fallos.

Si la Corte Suprema admite el recurso, cesa temporalmente la vigencia de las restricciones dispuestas por Ramos Padilla y le permitirá a García-Mansilla presentar su renuncia ante el presidente Javier Milei, no como un artilugio legal, sino por propia decisión.

García Mansilla y Lijo salen de la palestra política tras una sesión histórica del Senado en donde el debate giró mayoritariamente en torno de la designación de los jueces por decreto, y en la que se dejó de lado los antecedentes laborales, personales, académicos y morales de los candidatos. Además, como si se tratara de una broma, fue el kirchnerismo el defensor de la institucionalidad de la Justicia, que se cansó de burlarla y manipularla con causas de corrupción que aún no se resolvieron. Será la Corte quien tendrá la última palabra, incluso para estas elecciones, en las que Cristina podría ser candidata a diputada provincial, si el máximo Tribunal, como lo hizo varias veces, demora su resolución o resuelve pasadas las elecciones. Esto facilitaría el camino a Cristina en las próximas elecciones, mucho más si Axel Kicillof las desdobla en su terruño.

En la Casa Rosada intentaron abortar la sesión por todos los medios, pero al final se resignaron. Aún en las cuestiones institucionales más sensibles tienen una lógica juvenil rebelde de ir y chocar contra la pared. Pero después saben ver sus límites. Ahora lo han vuelto a revivir, como había ocurrido después del traspié de la Ley Ómnibus original, que más tarde se reconvirtió en una Ley Bases negociada con los aliados.

En el Gobierno consideran que los responsables de esta dura derrota fueron Mauricio Macri, quien ordenó dar quórum, Victoria Villarruel, que avaló la sesión sin poner obstáculos para evitarla, y el juez Ricardo Lorenzetti, tras “prometer avales y votos que no tenía”.

Milei ahora barajará y tirará las cartas entre Justicia y Gobierno. Algunos pretenderían dejar el tema de la Corte para después de las elecciones de octubre y se concentrarían en solidificar su gente en Diputados y Senado. Luego de los comicios, plantearían una propuesta más amplia que no sólo incluiría a los jueces del máximo Tribunal, sino al Procurador General y más jueces y funcionarios en la Justicia. Además, los operados del Gobierno abrirán espacios de diálogo con los pesos pesados de los bloques del Senado. Otros libertarios consideran que la discusión sobre la integración del Alto Tribunal debe ser inmediata porque sus resoluciones pueden volverse en contra para el poder del dueto Milei-Milei.

Fondo Monetario Internacional.

La derrota en el Senado se suma a una serie de errores e inconvenientes que presentaron en los últimos meses y que coloca a la administración libertaria en una situación de incertidumbre y con la sensación de que navega a la deriva. Necesitan demostrar poder y gobernabilidad, por eso apuestan el todo por el todo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es que ya percibe el Gobierno el hartazgo de la gente, el mal humor del mercado, que no le perdona ningún traspiés ya no hay paciencia en ningún sector. Se les acaba el tiempo de “aguante”. Son conscientes de que deben dar respuestas certeras ante una moneda que también camina hacia la deriva, al igual que su gestión, si no empiezan a dar soluciones palpables, reales, ciertas, concisas, garantías y respeto a la institucionalidad.

Los argentinos esperan respuestas inmediatas.