Por Antonio Marocco

Esta semana volvió a sesionar el Parlamento del Norte Grande. Fue en Jujuy y las 10 provincias de la región volvieron a ratificar una agenda de trabajo conjunto: políticas públicas y legislación comparada para enfrentar problemáticas comunes y transversales.

En esta institución participan 130 legisladores y 10 vicegobernadores de todos los signos políticos: radicales, peronistas, libertarios, y partidos provinciales de diferentes tendencias ideológicas.

Pondero siempre la pluralidad de la integración del Parlamento y de su Junta Ejecutiva porque es valioso remarcar que la política no ha muerto. Que aunque despotriquen, el camino en democracia sigue siendo el diálogo y el consenso. Con mucho debate, sin imposiciones, y trabajando a destajo.

En esta ocasión hemos trabajado en cuatro cuestiones centrales que necesitan un abordaje urgente.

En primer lugar, la cuestión de la educación en nuestra región. Los recortes que se hicieron a nivel nacional desde principio de año han complicado las cuentas de todas las provincias, que con recursos propios hicieron lo imposible para que los docentes no pierdan el poder adquisitivo, para que las escuelas reciban el mantenimiento indispensable, para que el costo del transporte no impacte sobre las familias de los estudiantes.

También hemos cerrado filas en torno a lo que está ocurriendo con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Desde la Mesa Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande manifestamos el repudio y el rechazo a la determinación del Ejecutivo Nacional de llevar a cabo el despido masivo de trabajadores y la enajenación de los predios donde se llevan adelante las prácticas de una institución indispensables que hacen a la competitividad de la producción y el agro argentino.

Hay que prestarle atención a esta cuestión, no se trata solo de las fuentes de trabajo que están en riesgo y las instalaciones. El INTA es una institución pública con una alta relevancia y vinculación con el sector privado. El impacto del trabajo que se realiza allí tiene una correspondencia directa con el desarrollo productivo. Allí se estudia, investiga y desarrolla la genética, las técnicas, las innovaciones y la infraestructura que hacen del campo argentino uno de los más competitivos del mundo. De hecho, las políticas que desfinancian al INTA han encendido alarmas en la Sociedad Rural, la Federación Agraria y todas las organizaciones corporativas del sector. Les hemos girado todas las actuaciones y entendemos que nos acompañarán en el reclamo frente al Gobierno Nacional.

Otro tema sensible que hemos abordado en este Parlamento del Norte Grande fue la modificación de la Ley Cammesa. ¿De qué se trata esto? Nada más y nada menos que del marco regulatorio de la distribución de la energía eléctrica del país. Hay que cambiarlo urgentemente e incluir el debate en las sesiones que traten el Presupuesto 2025.

Para explicarlo mejor: actualmente, el costo del transporte de la electricidad es considerablemente más caro para las provincias del norte que para el centro del país, ya que Buenos Aires se considera el “kilómetro cero”, y mientras más alejados estamos de la Capital Federal, mayor es el costo que pagamos las provincias. Es injusto. Muy injusto. Más si consideramos que la energía eléctrica que abastece a la República Argentina justamente se produce en el interior y no en el puerto. En Salta, sin ir más lejos, se estima que se produce más de 7 veces la energía que se consume en la provincia, y aun así la pagamos más cara que el centro del país.

Finalmente, y en vísperas del calendario electoral del 2025, también hemos cuestionado la última acordada de la Cámara Nacional Electoral, la cual pretende cobrarle a las provincias la emisión, la confección y la distribución de los padrones electorales. Es cuanto menos un contra propósito. Es tan descabellado como que las provincias de repente empiecen a cobrarle a la Cámara Nacional Electoral por el uso de las escuelas donde se realizan las elecciones, la información producida en los registros civiles, o la participación de las fuerzas de seguridad para garantizar el orden durante los días de votación.

Como verán, los problemas que se trabajan y a los que se les buscan soluciones son de los más variados y todos ellos urgentes. Para enfrentar la crisis y los desafíos de la época se impone un ritmo vertiginoso de trabajo.

Así también será en la Provincia, donde recientemente el gobernador Gustavo Sáenz ha impulsado una renovación del Gabinete. Y que quede bien claro, los cambios no son respuestas a ningún fracaso ni a ningún error por parte de los funcionarios salientes. Por el contrario, ellos han sido muy valiosos y efectivos para desarrollar las tareas que les han sido encomendadas.

Los cambios son parte de una gestión moderna y dinámica que prepara a sus equipos de manera eficiente para cada desafío en particular. El 2025 nos obliga a relanzar la gestión como lo hemos hecho cada año desde el 2019. Tuvimos que armar equipos para enfrentar la pandemia, sequías, incendios forestales, crisis sanitarias y emergencias de distinta índole. La actualidad argentina y las difíciles condiciones económicas que afectan a la provincia precisan de nuevas respuestas, actores y estrategias para seguir garantizando la paz, el orden, el progreso y la seguridad de los salteños. En ese camino estamos.

Columna emitida por FM Aries.