Por Antonio Marocco

El Gobierno Nacional ordenó a las empresas de medicina prepaga que retrotraigan los aumentos abusivos que impusieron a sus afiliados a valores de diciembre y devuelvan el dinero excedente que ya fue cobrado. En paralelo, se comprometió a garantizar que los eventuales incrementos no superen las cifras de la inflación.

Es una buena noticia. En particular para los sectores de la clase media que cuentan con una cobertura privada de salud. Y en general, una buena noticia para todos: que el Gobierno de Javier Milei escuche un reclamo social justo y obre en consecuencia es toda una novedad alentadora.

Días atrás, mientras escuchaba al vocero presidencial comunicando el freno a las prepagas, me vino a la cabeza un recuerdo del presidente Raúl Alfonsín. Desde luego que la relación tenía que ver con el contenido del anuncio, no con sus protagonistas. Alfonsín era un estudioso.

Sus argumentos siempre tenían una base conceptual muy sólida. Conciliaba conceptual y materialmente muy bien el dilema weberiano sobre la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad. Una, vinculada a las creencias personales, partidarias e ideológicas, y otra entendida desde lo colectivo, en defensa de los intereses fundamentales de la comunidad.

Traigo esta reflexión a colación del anuncio que protagonizó Adorni porque por primera vez, de manera tan evidente, el Gobierno admitió la posibilidad de anteponer la responsabilidad social por sobre las convicciones partidarias.

Es una buena señal. De fondo, el Gobierno entendió que al liberar los precios de la medicina privada el mercado no se comportó de manera virtuosa creando mayor prosperidad al interés general. Por el contrario, produjo resultados nefastos para el bolsillo y la calidad de vida de cientos de miles de familias argentinas.

El desafío que se presenta ahora es lograr que el Gobierno Nacional escuche también otros reclamos, algunos incluso tan o más urgentes. La depresión del poder adquisitivo de los trabajadores argentinos está en niveles históricos, urgen medidas que contribuyan a mejorar los ingresos. Del mismo modo es imperante encontrar soluciones para hacer sostenibles las tarifas del transporte y los servicios públicos, particularmente en el interior del país.

Actuar con la ética de la responsabilidad es velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas. El orden y la eficiencia financiera es una premisa desde que asumimos la gestión junto al gobernador Gustavo Sáenz en 2019. El rigor se impone aún más en tiempos de crisis como los que vivimos.

En esa línea, esta semana la Legislatura provincial autorizó a la provincia a tomar un crédito para reprogramar la balanza de pagos de la deuda provincial. De esta manera lograremos evitar el desfinanciamiento y la paralización de los servicios y la obra pública que debe garantizar el Estado a los salteños frente los recortes del Gobierno Nacional.

También esta semana sesionó el Parlamento del Norte Grande en la provincia de La Rioja. Las diez provincias de nuestra región, sin distinción de signo político, se mostraron unidas para reclamarle al oficialismo nacional lo que es justo.

Porque la situación de crisis que padecemos en la Argentina profunda no la heredamos del gobierno anterior ni del anterior, sino que es el producto de casi dos siglos de asimetrías a favor del poder concentrado en el puerto.

No se puede perjudicar a las industrias regionales como lo están pretendiendo con la producción tabacalera. Todo para beneficio de un lobby empresarial privilegiado. Ningún gobernador ni legislador del Norte Grande lo debería permitir.

La responsabilidad social no puede estar escindida de la acción de los funcionarios (pues estos no son más que mandatarios transitorios de la sociedad). De igual manera que el Estado no se puede desentender de la obra pública o reducir el presupuesto en educación, que es un pacto intergeneracional, ¿acaso algún país occidental desarrollado alcanzó tal condición sin infraestructura y sin una base social instruida?

Así como el freno a las prepagas, como con todo lo demás, la ética de la responsabilidad debe imponerse.