El abogado Eduardo Romani, quien representa a 72 de las más de 100 familias afectadas por las estafas del fideicomiso “Virgen de Urkupiña”, explicó la magnitud del fraude y las expectativas de los damnificados ante la condena de las exautoridades de la entidad sindical.

El escándalo que involucra a las exautoridades de la Asociación Docente Provincial (ADP) por su participación en un fraude millonario sigue resonando.

La reciente condena a Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo, exsecretaria general y tesorera de la organización, por administración fraudulenta y estafas reiteradas, ha traído algo de alivio, pero el daño económico y emocional sigue latente.

En una entrevista para Punto Uno, el abogado Eduardo Romani, quien representa a 72 de las más de 100 familias damnificadas, dejó claro que “todas las familias, sin excepción, pagaron, al menos, lo equivalente al valor de un terreno, y muchos de ellos incluso aportaron dinero para la construcción de la vivienda”. Según el abogado, el valor de uno de estos terrenos, actualmente, asciende a unos 20 mil dólares.

A pesar de la condena penal, Romani aseguró que la lucha no termina con el castigo a los responsables, sino que se extiende a la reparación económica de las víctimas. “No solo buscamos que se haga justicia penalmente, sino que haya una reparación económica. Son muchas las familias que vieron truncado su sueño de la casa propia y, hoy, lo que esperan es poder recuperar algo de lo perdido y que en algún momento puedan tener la oportunidad de concretar ese sueño familiar”, señaló.

“Para ingresar al plan, se debía ser afiliado sí o sí a la ADP, por lo que la organización es responsable directa de esta estafa. Las principales organizadoras de todo este fraude, más allá del fideicomiso ‘Virgen de Urkupiña’, fueron Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo. Esta última, hasta hace unos días figuraba como tesorera de la institución”, explicó.

Uno de los elementos más complejos en este caso es la situación de los terrenos, ya que no todos se encuentran en la misma situación legal. “Los terrenos en San Luis, que corresponden a la mitad de los fideicomisos, pueden ser recuperados. Sin embargo, los terrenos ubicados en Cerrillos, que son propiedad de la ADP, no podrán recuperarse, ya que la organización se niega a hacerse responsable”, detalló.

A pesar de que las autoridades de la ADP insisten en que no tienen responsabilidad en este caso y que las acusadas actuaron de manera individual, Romani tiene claro que la organización, al haber sido parte del esquema de fraude, debe asumir su cuota de responsabilidad. “La ADP, a través de sus dirigentes, asumió un compromiso con los afiliados, y ahora es necesario que se haga honor a ese compromiso. Si los dirigentes cometieron un error en su elección, esa es una pena que no puede recaer sobre los damnificados”, señaló.

 “Este fallo es una muestra de que la justicia ha actuado en consecuencia y está comprometida con la lucha contra la corrupción. Las víctimas han encontrado una respuesta en la justicia, algo que ningún poder pudo tapar, y este es un cambio de paradigma que se observa a nivel nacional. Finalmente, somos todos iguales ante la ley”, enfatizó.

Sin embargo, Romani también advirtió sobre los daños psicológicos y emocionales que el fraude ha causado a las familias. “La paciencia de los afiliados ha sido memorable. Desde 2018, muchos están detrás de esta cuestión, esperando respuestas. El daño ha sido mucho más allá del aspecto económico, ha afectado profundamente la salud emocional y psicológica de estas familias. Han visto desarmados proyectos de vida que tenían como única esperanza el sueño de la casa propia”, afirmó.

 “Instamos a las nuevas autoridades del gremio a que abran un espacio de diálogo y respondan a las inquietudes de los afectados, muchos de los cuales siguen siendo, o fueron, afiliados de la ADP. Es esencial que se escuche a los damnificados y que se les ofrezca algún tipo de solución a este conflicto que ha devastado tantas vidas”, concluyó Romani.

Finalmente, el abogado expresó su incertidumbre respecto a la situación de Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo, quienes, si bien han sido condenadas, el fallo no es firme y existe la posibilidad de una apelación. “No puedo confirmar que Argañaraz esté tras las rejas, ya que aún existe una vía recursiva. El fallo no está firme, por lo que podría obtener una libertad provisional siempre y cuando no se fugue. La justicia debe actuar con firmeza para evitar cualquier tipo de impunidad”, subrayó

Lla entrevista completa en nuestro canal de YouTube @puntounosalta.