Ubicada al oeste de la ciudad, es esencial para el abastecimiento de agua potable. Por eso, el Gobierno provincial y el Comité de Gestión buscan reforzar los controles ambientales y evitar construcciones o actividades que puedan poner en riesgo la cuenca hídrica.

El área protegida abarca más de 10.000 hectáreas y cuenta con un marco legal que regula el uso del suelo y las intervenciones permitidas. En ese contexto, se impulsan acciones de fiscalización y coordinación con organismos provinciales y la Municipalidad de San Lorenzo para mejorar la protección del territorio.

Uno de los puntos centrales es la medida cautelar que dictó la Justicia en diciembre de 2020, en el marco de un amparo ambiental presentado por la Provincia. La resolución ordenó suspender las obras en ejecución o próximas a realizarse y prohibió el ingreso de ganado a la reserva. En marzo de 2026, el Ministerio Público Fiscal confirmó que la medida continúa vigente.

La principal preocupación está relacionada con el impacto que podrían tener las construcciones sin las condiciones sanitarias adecuadas. La falta de red cloacal y las características del suelo generan riesgos de contaminación de las aguas subterráneas, un recurso fundamental para el abastecimiento de la población.

Como parte de las medidas preventivas, el Comité de Gestión también solicitó al Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) que establezca mecanismos de control para el otorgamiento de suministros eléctricos dentro del área protegida, teniendo en cuenta las autorizaciones y exigencias ambientales correspondientes.

La reserva, además, registra antecedentes judiciales vinculados con el uso de sus terrenos. En 2023 se iniciaron investigaciones por presuntos incumplimientos de la medida cautelar y, en 2024, la Justicia dictó una condena por estelionato, un delito relacionado con la venta fraudulenta de terrenos.

Desde el Comité de Gestión, presidido por el abogado Nicolás Zenteno Núñez, sostienen que la conservación de Finca Las Costas requiere controles efectivos y el cumplimiento de las normas vigentes.

El objetivo es evitar daños ambientales y preservar una cuenca estratégica para Salta, en un área donde cualquier intervención debe ajustarse a las restricciones legales establecidas para proteger sus recursos naturales.