En dialogo con Punto Uno, el vicepresidente de la Unión Industrial de Salta aseguró que la suspensión total del suministro de gas obligó a detener la producción en numerosas fábricas de la región. Cuestionó la falta de infraestructura, sostuvo que el problema fue anticipado y reclamó que se concluyan las obras del Gasoducto Norte.

¿Cómo se siente la restricción de gas?

Estamos con restricción total. Veníamos con limitaciones del 50% y antes ya habíamos sufrido recortes del 30%, pero sabíamos que este momento iba a llegar. Hace más de dos meses advertimos que existía un cuello de botella en la capacidad de transporte del gas desde Vaca Muerta hacia el norte del país. Ahora cada empresa está administrando la situación como puede: algunas realizan tareas de mantenimiento, otras intentan sostener equipos críticos y todas buscan preservar los puestos de trabajo mientras dure esta situación.

¿Qué implica para una industria quedarse sin gas?

En muchos casos significa detener completamente la producción. En nuestro caso, en La Cerámica, gracias a un acuerdo con Refinor logramos mantener el horno encendido al mínimo, porque apagarlo implicaría alrededor de diez días para volver a ponerlo en funcionamiento. No estamos produciendo, pero al menos evitamos un daño mayor en la planta.

Usted había advertido que esta situación podía ocurrir

Sí. Lo dijimos reiteradamente. El problema no es la falta de gas; Argentina tiene gas de sobra en Vaca Muerta. El problema es que no está terminada la infraestructura necesaria para transportarlo hacia el norte. Esa es la paradoja: tenemos uno de los mayores recursos energéticos del país y, sin embargo, las fábricas están paradas por no poder acceder a ese gas.

¿Qué respuesta encontraron por parte de las autoridades nacionales?

Hicimos todas las gestiones posibles, junto con el Gobierno provincial y los legisladores nacionales. Se consiguió una pequeña disponibilidad adicional gracias a una maniobra operativa de YPF en Refinor, pero eso solo permitió aliviar parcialmente la situación. La solución de fondo sigue siendo terminar las obras de reversión del Gasoducto Norte y la repotenciación del sistema de transporte.

¿Influyó la política energética adoptada este año?

A diferencia de años anteriores, el Estado decidió no asumir el costo de importar Gas Natural Licuado (GNL). Con los precios internacionales disparados por los conflictos en Medio Oriente, el GNL llegó a costar cerca de 25 dólares por millón de BTU, cuando nosotros pagamos alrededor de 4,50 dólares por el gas habitual. Para muchas industrias ese costo es imposible de absorber.

¿Por qué no es viable comprar ese gas más caro?

Porque implicaría multiplicar el costo de producción. En nuestro caso, el precio de la cerámica sería imposible de trasladar al mercado, especialmente cuando el sector de la construcción atraviesa una fuerte recesión. Producir con ese costo significaría perder competitividad y vender a pérdida.

¿Qué impacto tiene este escenario sobre el empleo?

En el corto plazo ninguna empresa quiere tomar medidas drásticas. Todos intentamos preservar el trabajo. Pero una fábrica parada no solo afecta a sus empleados; también impacta sobre transportistas, proveedores, comercios y pequeños emprendedores que viven de la actividad industrial. Cuando una industria se detiene, se apaga una cadena económica mucho más amplia.

¿Qué esperan para los próximos meses?

Esperamos que se aceleren las obras de infraestructura para que esta situación no vuelva a repetirse. El desafío es que en 2027 estemos discutiendo cómo producir más y no cómo sobrevivir a un invierno sin gas. Argentina tiene los recursos; ahora necesita la infraestructura para convertir esa ventaja en desarrollo.