La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación en diálogo con Punto Uno, denunció el vaciamiento de la red vial nacional, la privatización de rutas estratégicas y peajes que podrían superar los 20.000 pesos, mientras millones de argentinos pagan por caminos en estado crítico.

¿Por qué decidieron realizar protestas?
- Porque creemos que es la forma más evidente de mostrarle a la sociedad el deterioro que están sufriendo las rutas nacionales. Estuvimos en Salta, en Buenos Aires y seguiremos en Córdoba. Repartimos volantes para explicar por qué las rutas están en este estado y para alertar sobre las consecuencias de las políticas actuales. La preocupación es cada vez mayor porque el abandono es total.

¿Cuál es la situación presupuestaria de Vialidad Nacional?
- Es crítica. El Gobierno prácticamente dejó de enviar fondos. Este año no llega ni al 20% del presupuesto que debería ingresar. Sin recursos es imposible realizar el mantenimiento adecuado y eso se refleja en el estado de las rutas.

Sin embargo, el Gobierno anuncia licitaciones y mejoras. ¿Cómo interpretan ese contraste?
- Hay una gran contradicción. Mientras se habla de nuevas concesiones y obras, las rutas continúan deteriorándose. Además, los usuarios ya pagan dos veces: mediante el peaje y a través del impuesto a los combustibles. Ahora pretenden sumar peajes que, en algunos casos, podrían llegar a los 20.000 pesos.

-¿Qué impacto tendría esa política de peajes?
- Sería un golpe muy fuerte para los usuarios y para las economías regionales. En muchos casos las concesiones previstas no contemplan grandes obras de infraestructura, sino apenas tareas de mantenimiento que hoy realiza Vialidad Nacional. Tememos que termine ocurriendo lo de siempre: empresas cobrando peajes mientras el Estado sigue poniendo dinero para reparar los caminos.

¿Existen antecedentes de concesiones que hayan fracasado?
- Sí. La experiencia demuestra que muchas concesiones no dieron resultados. Un dato preocupante es que más del 50% de las balanzas para controlar el peso de los camiones en rutas concesionadas no funcionan. Eso acelera el deterioro de los caminos. También vimos cómo algunas rutas fueron devueltas al Estado en condiciones deplorables.

¿Cree que habrá empresas interesadas en hacerse cargo?
- Es difícil imaginarlo sin algún tipo de garantía estatal detrás. Por eso sospechamos que terminará siendo el Estado quien aporte recursos. De otra manera, no resulta rentable para ninguna empresa asumir semejante nivel de deterioro.

En Salta hay fuertes reclamos por el estado de rutas como la 9/34 y la 5…
- Nos parece importante que intendentes, gobernadores y legisladores comiencen a hablar del tema. Nosotros enviamos notas a todas las provincias solicitando apoyo porque se trata de una cuestión que afecta directamente la conectividad y el desarrollo regional.

-¿Qué ocurrirá con rutas nacionales que no son rentables?
- Ese es uno de los mayores interrogantes. Hay rutas que conectan pueblos y regiones alejadas que difícilmente puedan sostenerse mediante peajes. Si Vialidad Nacional deja de intervenir, el deterioro será aún mayor.

Usted denunció además que existen fondos específicos para rutas que no se están utilizando…
- Según información oficial obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública, los recursos provenientes del impuesto a los combustibles no se están destinando a las rutas, sino que permanecen en el Tesoro, incluso generando rendimientos financieros. Estamos hablando de miles de millones de pesos que deberían invertirse en infraestructura vial.

¿Cómo afecta esta situación a los trabajadores?
- La situación es muy angustiante. Constantemente circulan rumores de despidos y reducciones de personal. Hay compañeros con depresión, ansiedad y problemas familiares derivados de la incertidumbre laboral. Actualmente, cerca del 65% de los trabajadores está por debajo de la línea de pobreza.