Un país partido entre quienes llenan hoteles y quienes llenan formularios de crédito. El análisis de Sebastián Aguirre Astigueta sobre el experimento político, económico e institucional que redefine la era Milei.

Entre la euforia turística y el termómetro social que marca números en rojo, la Argentina atraviesa un momento que desconcierta incluso a los analistas más curtidos. Basta mirar el fin de semana largo: Calafate estalló, Mar del Plata rozó el 80% de ocupación y los recitales, fiestas electrónicas y restaurantes premium siguen llenos. Pero del otro lado, el endeudamiento promedio ya perfora cifras impensadas.

Entrevistado por Miguel Dalesio en Punto Uno, Sebastián Aguirre Astigueta, jurista y docente, explica por qué la sociedad parece caminar con la cabeza en la playa… pero con los pies en el precipicio financiero.

Un país partido en dos: el 30% que consume y el 70% que aguanta

Aguirre Astigueta pone números y contexto al fenómeno: “Hoy hay un 30% que sigue consumiendo a niveles altos y sostiene buena parte de la actividad. Pero el otro 70% está endeudado, usando ahorros o pateando el problema hacia adelante”, advierte.

Mientras algunos pagan habitaciones con vista al mar, otros financian comida con billeteras digitales. Y el dato que sacude: la deuda promedio por persona ronda los 5 millones de pesos, entre bancos y apps financieras.

Ese “país de dos velocidades” convive con un dato político que sorprendió incluso al propio Gobierno: tras el rechazo inicial en Buenos Aires, Milei dio vuelta la tendencia en tiempo récord, apoyado –según Aguirre Astigueta– en la percepción de que “no es para tanto” o que “hay que darle tiempo”.

Pero el corazón técnico de la charla es otro: la maquinaria legal del Gobierno.
Aguirre Astigueta es tajante: “Hoy conviven dos sistemas opuestos bajo la misma Constitución: uno hiperregulado, heredado de décadas de derechos laborales, y otro completamente desregulado que impulsa el DNU”.

Y ahí aparece el fantasma del decreto 70/2023, todavía en la Corte. El jurista lo resume sin anestesia: “Antes, si no ponías en blanco a un empleado, pagabas multas severas. Ahora un empleador puede tomar a alguien, tenerlo seis meses a prueba y despedirlo sin pagar un peso extra”.

El giro laboral que viene –advierte– puede hacer que un régimen diseñado para el microcentro porteño se aplique igual en Salta, Güemes o Cafayate, sin distinguir realidades económicas ni productivas.

El Congreso pintado y la Corte mirando para otro lado

“Estamos viviendo tiempos aciagos para la República”, sentencia Aguirre Astigueta. La frase cae pesada, pero el argumento es claro:

• Argentina no tiene presupuesto hace dos años.
• El presidente veta leyes del Congreso y las devuelve pidiendo “fuentes de financiamiento”.
• La Corte Suprema recibe casos cruciales… y los manda de vuelta con un “280”, la fórmula para no tratar nada.

Mientras tanto, faltan 217 jueces federales en el país y dos sillas vacías en la Corte nacional.

¿Quién debería reclamar? ¿El Congreso? ¿El Gobierno? “No -dice Aguirre Astigueta-, la ciudadanía debe entender que un juez de Corte es tan importante como un gobernador”.

Un Poder Judicial que prefiere el silencio

El jurista entra en un terreno que pocos se animan a tocar: la familia judicial, el corporativismo, la resistencia a pagar Ganancias, el rechazo al juicio por jurados y la alergia a la transparencia.

“A la justicia no le gusta que la miren. Que expliquen por qué fallan como fallan. Que se diga que erraron. Prefieren no hablar”, dispara. “Argentina vive un experimento económico, político e institucional sin precedentes. Un gobierno hiperpresidencialista, una justicia que no arbitra y una sociedad partida entre el que llena hoteles y el que llena formularios de crédito”.

En el medio, surge una pregunta: ¿Cuánto tiempo más puede sostenerse un país que camina en dos direcciones?

Aguirre Astigueta no da una respuesta definitiva. Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, la Argentina tampoco la tiene.