Por César Álvarez

Los “privilegios” son ventajas o beneficios que tiene una persona o grupo en comparación con otros. En el caso de Salta Capital y sus espacios públicos, a menudo se puede ver y vivir cómo ciertas personas pueden beneficiarse de un trato preferencial, lo que afecta la vida cotidiana y seguridad de otros.

Esto favorece a ciertos grupos, como los empresarios gastronómicos, vendedores de automóviles, taxistas, inclusive los centros educativos, etc, quienes utilizan los espacios públicos a menudo favoreciéndose ellos mismo, creando sus espacios cómodos y seguros, mientras que otros enfrentamos condiciones adversas, para el mero tránsito. A esto podríamos llamarlo injusticia, suena radical, pero viola la equidad, la justicia y los derechos.

Ante esta situación, considero que nos enfrentamos a una involución en cuanto a los privilegios en la democracia contemporánea. Si hacemos un repaso rápido en la historia municipal, veníamos evolucionando, por ejemplo:

• Se suprimieron las patentes identificatorias de los legisladores provinciales y municipales, las cuales eran habituales al comienzo de la democracia, y espero que no regresen.
• Se prohibieron los lugares exclusivos de estacionamientos en oficinas del Poder Judicial y otros poderes (aunque alguno todavía subsiste).
• Se suprimió la gratuidad de viajes vía terrestre y aérea de los funcionarios (también algo común al comienzo de la vida democrática)-
• Los legisladores y bloques políticos fueron variando su administración a una forma más austera, etc.
• Otorgamiento de permisos de libre acceso para distintas profesiones, por ejemplo, médicos, periodistas, policías, etc.

La Policía de Salta, por ejemplo, aún mantiene alrededor de sus oficinas administrativas espacios de estacionamientos exclusivos.

El avance fue notorio hasta estos últimos años, en los que abundan los estacionamientos particulares en el espacio público, mesas de restaurantes en las calles, por ejemplo, entre otros ya nombrados al comenzar esta columna.

Todo esto se combate con políticas públicas que dejen de beneficiar a una minoría, y que comiencen a poner el ojo en la Salta que camina, todo esto en un marco donde el tránsito y su vida cotidiana requieren grandes reformas.