Jerónimo Guerrero Iraola, abogado y representante del CECIM La Plata, cuestionó el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la derogación de la Ley de Tierras. Sostuvo que, aunque el máximo tribunal no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, la decisión tiene efectos concretos sobre la regulación de la propiedad rural en manos extranjeras.

¿Qué evaluación hace del fallo de la Corte Suprema?
- La Corte resolvió una cuestión procesal y no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras. Pero esa decisión tiene una consecuencia concreta: deja firme la derogación de la norma.
Nosotros entendemos que la cuestión no puede analizarse solamente desde lo técnico. Hay una discusión de fondo vinculada con la soberanía y con la posibilidad de establecer límites sobre determinados territorios.

La Corte sostuvo que el CECIM no tenía legitimación para plantear el reclamo. ¿Qué significa esto para ustedes?
- Es un contrasentido. El CECIM La Plata representa a excombatientes que fueron enviados a la guerra bajo la premisa de defender la soberanía nacional. Ahora se nos dice que no estamos legitimados para acudir a la Justicia en defensa de ese mismo principio.
La Corte entendió que la soberanía no constituye, en este caso, un bien jurídico colectivo que habilite este tipo de reclamos. Nosotros tenemos una posición diferente y creemos que existe una dimensión colectiva de la soberanía que merece protección judicial.

¿Qué establecía la Ley de Tierras?
- La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales. Fijaba un máximo del 15% de las tierras rurales del territorio nacional en manos de extranjeros y establecía, además, límites por nacionalidad.
También contemplaba restricciones para la adquisición de tierras en zonas de frontera y en determinadas áreas vinculadas con cuerpos y cursos de agua.
El 20 de diciembre de 2023, el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 derogó esa ley. Desde el CECIM recurrimos a la Justicia y en 2024 obtuvimos una sentencia favorable en primera instancia. El Estado apeló y el caso llegó a la Corte, que finalmente rechazó el planteo por una cuestión de legitimación.

¿Qué cambia a partir de la derogación?
- La principal consecuencia es que deja de estar vigente ese régimen específico de límites a la propiedad extranjera de tierras rurales.
Para nosotros, esto abre una discusión sobre el control de determinados territorios y sobre qué herramientas tiene el Estado para proteger intereses vinculados con la soberanía nacional.

¿Considera que el Congreso puede revertir esta situación?
- Sí. Ahora la discusión también pasa por el Congreso. Estamos trabajando para que el DNU 70/2023 sea rechazado y se pueda recuperar la regulación que establecía la Ley de Tierras.
Creemos que la discusión debe darse en el ámbito legislativo y también en la sociedad, porque se trata de una cuestión que excede al CECIM.

¿Qué papel tendrá el CECIM en esta nueva etapa?
- Vamos a continuar por las vías judiciales, legislativas y sociales que estén disponibles. El 6 de octubre participaremos de la movilización convocada por las centrales sindicales.
Nuestra posición es que la discusión sobre la tierra también forma parte de una discusión más amplia sobre soberanía y sobre el modelo de desarrollo del país.

¿Cómo vinculan esta discusión con Malvinas?
- Para nosotros, Malvinas y la defensa de la soberanía territorial forman parte de una misma discusión. No se trata solamente de las islas, sino también del Atlántico Sur, la Antártida, los recursos naturales y la capacidad del Estado argentino para desarrollar políticas propias.
La recuperación de Malvinas, desde nuestra perspectiva, requiere un Estado con capacidad para desarrollar ciencia y tecnología, industria, energía y una política de defensa de sus recursos.

¿Cuál es hoy el principal objetivo?
- El objetivo inmediato es que el Congreso discuta la derogación del DNU y que vuelva a existir un marco de regulación sobre la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras.
Después habrá que dar una discusión más amplia sobre soberanía, desarrollo y el papel del Estado. Para nosotros, esa discusión sigue abierta.