En diálogo con Punto Uno, la directora de Discapacidad de la provincia, advirtió sobre la situación que atraviesan y criticó las medidas anunciadas por el Gobierno nacional.

Sostuvo que la provincia no podrá sostener indefinidamente prestaciones, medicamentos y servicios que corresponden al Estado nacional.

¿Cuál es la situación que advierten frente a las últimas decisiones del Gobierno nacional?

- La situación es muy preocupante y, si llega a cumplirse todo lo que se está anunciando, es prácticamente incontenible. En Salta hay más de 40.000 personas que reciben prestaciones a través de Incluir Salud, lo que implica diferentes terapias, servicios y medicamentos. Es una responsabilidad que debería llevar adelante el Gobierno nacional, pero que actualmente está sosteniendo la provincia, y eso es insostenible.

¿Qué implicaría quitar la pensión a quienes tienen un trabajo formal?

- Significaría limitarles la posibilidad de trabajar y desarrollarse. Pensemos, por ejemplo, en una persona en silla de ruedas, una persona con síndrome de Down, una persona sorda o una persona ciega que trabaja y tiene su Certificado Único de Discapacidad. Algunas reciben una pensión y otras no. No es obligatorio que una persona con discapacidad deje de trabajar por recibir una pensión. En la provincia tenemos aproximadamente 65.000 personas con CUD y unas 40.000 reciben una pensión por discapacidad. Muchas de ellas trabajan.

¿Qué ejemplo concreto podría reflejar esta situación?

- Hay casos como el de Carlos Rivero, que fue fotógrafo del Ministerio de Salud Pública y posteriormente trabajó en la Secretaría de Prensa del Gobierno. Carlos tiene un CUD porque tiene una pierna amputada. Si se aplica este criterio, se le estaría limitando la posibilidad de trabajar. Es coartar la libertad de una persona.

¿Considera que estas medidas significan un retroceso en materia de inclusión?

- Sí. Nos llevan a pensar en situaciones que creíamos superadas. Hace 30 o 40 años las personas con discapacidad muchas veces eran encerradas o directamente ocultadas en sus casas. Hoy tenemos chicos con trastornos del espectro autista, con discapacidad motora o visual que concurren a las escuelas y están incluidos, muchas veces con acompañantes terapéuticos y docentes de educación especial.

¿Cuál es la situación de los centros que brindan atención a personas con discapacidad?

- Hoy tenemos una reunión con más de doce centros de la provincia de Salta que están muy preocupados porque nuevamente se están atrasando los pagos. Hay centros que atienden a cientos de chicos. Por ejemplo, un solo hogar de día de la provincia tiene alrededor de 300 chicos.

¿Qué están reclamando desde la provincia?

- Estamos reclamando, en primer lugar, el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y, en segundo lugar, su ampliación hasta 2027. Nos preocupa que se haya presentado un proyecto de Presupuesto 2027 que, según entendemos, afecta disposiciones de esa ley de emergencia. Es una situación que genera mucha incertidumbre.

¿El Gobierno provincial está interviniendo ante esta situación?

- Sí. El gobernador y el ministro han realizado gestiones y han reclamado por los pagos y por la situación de las instituciones. También las organizaciones de Salta vienen reclamando desde hace tiempo. No solamente hablamos de los centros de atención, sino también del transporte y de todo lo que implica la atención integral de una persona con discapacidad. Se han hecho gestiones y se lograron respuestas, pero ahora nuevamente aparecen dificultades.

¿Hasta dónde puede la provincia hacerse cargo de responsabilidades que corresponden a Nación?

- La provincia está haciendo todo lo que está a su alcance y desarrollando políticas públicas en territorio. Pero esto tiene un límite. No podemos sostener indefinidamente prestaciones, medicamentos, rutas, tratamientos y otras responsabilidades que corresponden al Estado nacional. Cada vez son más las cuestiones que las provincias deben afrontar sin recibir necesariamente los recursos correspondientes. En algún momento la provincia tampoco va a poder hacerse cargo de todo.

¿Qué acciones está llevando adelante la provincia para acompañar a las personas con discapacidad?

- Estamos trabajando todos los días para atender sus necesidades y llegar a los lugares donde antes no se llegaba. Tenemos un convenio con el Parque Automotor de la provincia y estamos utilizando esos recursos para poder llegar al territorio. La forma de trabajar es seguir siendo federales, estar presentes y defender los derechos de las personas con discapacidad.

Usted habla de una defensa de derechos y no solamente de una discusión política

- Exactamente. Esto no es una discusión de ideas: es una cuestión de derechos. Tenemos que sostenerlos y cuidarlos. Si no lo hacemos, se pueden terminar vulnerando derechos reconocidos incluso por convenciones internacionales. Además, tenemos que recordar de dónde venimos. Antes, un chico con síndrome de Down muchas veces era escondido en el fondo de una casa y no tenía siquiera la oportunidad de aprender a leer. Hoy sabemos que eso no es así. Tenemos conocimientos, profesionales, historias de vida y personas que demostraron que pueden desarrollarse plenamente.

¿Qué espera de los legisladores nacionales frente a esta situación?

- Espero que piensen en la gente. Esa es la realidad que tiene que importar hoy: la sociedad salteña y las personas con discapacidad. También espero que podamos ser realmente federales y que los legisladores acompañen las gestiones que se están realizando, independientemente de las banderas políticas.