El dato de inflación de diciembre (2,8%) introdujo una señal de tensión de corto plazo. El resultado del último mes del año encendió alertas en el mercado, que venía descontando una variación sensiblemente menor.

No solo se trató del registro mensual más alto en nueve meses, sino también de una confirmación de que el factor inercial tiene un peso mayor al previsto, tanto por los agentes económicos como por el propio Gobierno.

Esa persistencia sugiere que el sendero de desaceleración del IPC podría avanzar a un ritmo más lento y exigente de lo que se esperaba. Por ahora, un registro mensual que comience con cero -como ha anticipado en reiteradas ocasiones el Gobierno- parece más un objetivo de mediano plazo, con mayor probabilidad de materializarse en 2027 que de convertirse en una realidad a lo largo del año en curso.

Al actual contexto, se suma un factor técnico que puede distorsionar la lectura de corto plazo. Desde enero entra en vigencia una nueva metodología del IPC, con una canasta actualizada que le da mayor peso a los servicios, el rubro que hoy muestra mayor persistencia inflacionaria (marcó 3,4% en diciembre). El cambio podría empujar los registros mensuales sin que ello implique, necesariamente, un quiebre del proceso desinflacionario, obligando a leer los próximos datos con mayor cautela.

En esa línea, la experiencia internacional muestra que los planes de estabilización suelen ser efectivos para derrumbar la inflación desde niveles muy elevados, pero enfrentan mayores dificultades en la etapa final. Alcanzar y sostener registros anuales de un dígito ha demandado, en muchos casos, entre seis y diez años, tal como recuerda el economista Santiago Bulat.

A lo largo de 2025, la combinación de ajuste fiscal, freno monetario y anclas nominales más estrictas permitió reducir la inflación desde el 117,85% anual de 2024 hasta niveles cercanos al 30% en 2025, especialmente en la primera parte del año, aunque a costa de una actividad todavía frágil y de sectores que operan con márgenes comprimidos.

La aceleración de diciembre dejó en evidencia que el proceso de desinflación no es lineal ni está exento de fricciones. El último mes del año concentró ajustes en precios regulados (treparon 3,3%) por firmes subas en tarifas de servicios públicos, que habían sido postergadas por el calendario electoral, y mostró que, aun con un marco fiscal y monetario más restrictivo, persisten focos de presión que pueden tensionar la nominalidad.

El 2,8% mensual volvió a ubicarse por encima de lo que el mercado venía descontando, una dinámica que empieza a repetirse y que puede impactar directamente sobre la formación de expectativas. Con todo, las proyecciones que surgen del REM dejaron de funcionar en los últimos meses como escenario base (había estimado un 2,3%) y comenzaron a operar, de hecho, como una especie de piso.

Pero lo que más inquietó al mercado fue el comportamiento de la inflación núcleo, que se movió al 3% mensual. Más allá del alivio que aportaron los precios estacionales (0,6%), el IPC core mostró que las presiones subyacentes siguen presentes, elevando el umbral desde el cual será posible pensar una nueva desaceleración. Aunque romper rápidamente el piso del 2% mensual aparece ahora como un objetivo mucho más exigente de lo que se preveía semanas atrás.