Están bajo investigación 56.000 pensiones por discapacidad en Salta. Ya se realizaron 17 allanamientos en Anta y se secuestró documentación. Una investigación que nació en Salta a través del impulso del fiscal federal Carlos Amad, quien en diálogo con Punto Uno comentó detalles del mecanismo de fraude al Estado.

La investigación por presuntas pensiones de discapacidad irregulares avanza y ya sacude al sistema político y sanitario de la provincia. El fiscal federal Carlos Amad confirmó que todas las pensiones otorgadas en Salta están bajo la lupa de la Justicia, en un proceso que podría descubrir un fraude multimillonario contra el Estado nacional.

“Estamos analizando las casi 56.000 pensiones que tiene la provincia. Nos basamos en auditorías médicas, cruces de información y otros datos”, detalló Amad en diálogo con Punto Uno.

La semana pasada se realizaron 17 allanamientos en Joaquín V. González, El Quebrachal y otras localidades del departamento Anta, que permitieron recuperar documentación clave. “Los operativos fueron todos exitosos. Secuestramos cuadernos, manuscritos, anotaciones, dinero de baja denominación, computadoras y celulares que ahora están siendo peritados. Todo eso será cruzado con la información que ya teníamos”, explicó el fiscal.

Investigación anticipada

Aunque el tema tomó notoriedad después de que el presidente Javier Milei denunciara públicamente el otorgamiento de pensiones irregulares, Amad aclaró que la pesquisa no comenzó con este gobierno. “Esta investigación no empieza precisamente con la gestión Milei. Yo empecé en la administración del doctor Fernández. Detectamos que un profesional de la salud de Salta firmaba certificados en Chaco y ahí abrimos la causa en la provincia”, relató.

El fiscal recordó que durante la gestión anterior “el número de pensiones subió exponencialmente” y que “los controles se habían vuelto más laxos”, lo que encendió las alarmas.

Uno de los puntos más sensibles es la dimensión económica del posible fraude. En los últimos días se habló de que hasta 20.000 pensiones podrían ser irregulares. “Ojalá no lleguemos a ese número porque sería indicativo de un desastre. Pero si hubiera 10.000 pensiones truchas, el costo mensual para el Estado sería de 2.500 millones de pesos”, advirtió Amad.

Y remarcó: “Acá no importa si son 20.000, 10.000 o una sola. Con que haya una ya hay delito, porque estamos malversando fondos públicos”.

El mecanismo

El fiscal confirmó que existen patrones comunes entre Salta y Chaco. “El mecanismo es un grupo de personas que generan certificados falsos para engañar y estafar al Estado. Hay médicos, gestores e intermediarios”, señaló.

“Lo que se hace es presentar un certificado médico apócrifo ante la administración pública, para inducir al error y lograr que se pague un beneficio indebido. Es todo trucho, por izquierda, y eso es lo grave”, insistió.

Aunque los primeros allanamientos fueron en Anta, Amad aseguró que la investigación alcanza a toda la provincia. “Empezamos por Anta porque era lo que teníamos a mano, un nexo concreto. Pero vamos a seguir por otros lugares”, adelantó.

El trabajo, sin embargo, enfrenta una dificultad adicional: la magnitud. “Son 56.000 legajos que revisar. Ya analizamos más del 10%. Separar la paja del trigo en ese universo es un trabajo muy pesado, y la geografía de la provincia juega en contra”, explicó.

Amad reconoció que en la trama podrían aparecer distintos niveles de responsabilidad, “desde los cabecillas hasta los que sirvieron como intermediarios”. Pero aclaró que los tiempos no serán indefinidos: “El Código Procesal Penal Federal fija plazos razonables. Venimos trabajando de manera rápida y seria, y no creo que esta investigación se prolongue demasiado”.

Finalmente, el fiscal se mostró categórico sobre el sentido de su trabajo: “Quien malversa es quien genera el certificado trucho para engañar al Estado. Yo hago lo que corresponde, lo que la ley manda”.