En una acción institucional, la Fiscalía de Estado encabezada por Juan Agustín Pérez Alsina, presentó una Acción de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Estado nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad.
El escrito, que fue instruido directamente por el gobernador Gustavo Sáenz, no sólo exige el restablecimiento inmediato de las pensiones no contributivas por invalidez suspendidas, sino que también solicita una medida cautelar urgente y la convocatoria a una audiencia pública nacional, para debatir con transparencia el accionar del organismo que depende del Poder Ejecutivo Nacional.
La Provincia alega que la suspensión de estas pensiones en Salta —que afecta a por lo menos 129 personas desde julio de 2025— se llevó a cabo mediante procedimientos irregulares, arbitrarios y sin sustento normativo, que violentan derechos constitucionales y tratados internacionales.
“Estamos ante un claro atropello al derecho a la salud, a la vida y a la dignidad de personas que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema”, señalaron desde Fiscalía de Estado.
Entre las irregularidades detectadas por el gobierno provincial, se detallan varios puntos alarmantes: Falta de notificación previa a los beneficiarios cuyas pensiones fueron suspendidas.
Un recorte disfrazado de auditoría.
“La política pública de discapacidad no puede ser utilizada como variable de ajuste”, enfatizó el gobernador Gustavo Sáenz y resaltó: “mucho menos, cuando las propias auditorías son opacas, desorganizadas y arbitrarias”.
De hecho, el escrito presentado ante la Corte sostiene que esta práctica viola directamente la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de protección social.
El pedido salteño no se queda sólo en lo jurídico. También exige una audiencia pública, donde participen las partes —Provincia, Nación, organismos y beneficiarios— con el fin de generar un espacio de reparación frente al daño causado.
Se solicita, además, el pago retroactivo inmediato de las pensiones injustamente suspendidas, y la implementación de un nuevo proceso de auditoría, esta vez transparente, con personal idóneo y con el debido respeto al procedimiento administrativo y legal.
La demanda hace especial énfasis en el contexto social de Salta. Se trata de una provincia con zonas rurales aisladas, altos índices de pobreza estructural y poblaciones originarias con acceso limitado a servicios básicos. En este marco, la suspensión de pensiones no sólo priva de un ingreso mínimo a cientos de personas, sino que además expone a familias enteras al abandono total del Estado.
“Lo que se denuncia es que primero los excluyen del sistema, y después los silencian administrativamente, sin siquiera notificarles que les están quitando un derecho esencial”, señalaron desde el equipo legal de la Provincia.
Dignidad humana, no estadísticas
“El Estado nacional no puede reducir a las personas a una planilla de Excel ni a un número de expediente”, expresó Pérez Alsina.
Y acotó: “Estamos hablando de vidas reales, de personas con discapacidades físicas o mentales, que dependen de esta pensión no como un privilegio, sino como una necesidad para subsistir”.
Se espera que la Corte Suprema trate el caso con la urgencia y sensibilidad que requiere. Pero también busca que la sociedad entera comprenda la gravedad del tema.
“Esto no es una pelea entre provincias y Nación. Es un reclamo para defender a quienes no tienen voz ni recursos para enfrentar al Estado nacional. Lo que está en juego es el respeto por la dignidad humana, por encima de cualquier plan de ajuste o auditoría hecha sin corazón”, concluyeron desde Fiscalía.
