El gobernador Gustavo Sáenz, instruyó al Fiscal de Estado de la provincia a presentar una acción judicial para revertir la suspensión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez, una medida adoptada recientemente por el Gobierno nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Además, se solicitó la intervención judicial para que se devuelvan los importes “indebidamente retenidos, se asegure la continuidad de estas prestaciones y se garantice el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad”, se informó.

Al respecto el gobernador Sáenz volvió a manifestar que "en Salta no permitiremos que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad".

El mandatario provincial también instó a que se realicen auditorías "serias y transparentes" sobre posibles beneficios otorgados de manera irregular, y que los responsables enfrenten las consecuencias legales que correspondan. 

En ese sentido, enfatizó que "no pueden pagar justos por pecadores", asegurando que la suspensión masiva de beneficios afecta a quienes legítimamente los necesitan.

"Mi compromiso es estar siempre al lado de quienes más lo necesitan", concluyó el gobernador, subrayando el rol del Estado provincial en la defensa y protección de los derechos de todos los salteños. 

La presentación judicial buscará restablecer el pago de los fondos retenidos, además de asegurar la continuidad de las prestaciones, y solicitó “la intervención judicial para que se devuelva” el dinero.

El gobernador también exigió auditorías “serias y transparentes” para detectar posibles irregularidades en la asignación de estos beneficios. En este sentido, enfatizó: “No pueden pagar justos por pecadores. Sobre los responsables debe recaer todo el peso de la ley”.

Finalmente, Sáenz ratificó su compromiso: “voy a estar siempre al lado de quienes más lo necesitan”, concluyó.

Vía judicial

El Procurador de la Provincia Agustín Pérez Alsina explicó que se va a interponer ante la Corte de Justicia de la Nación y precisó que la presentación será en menos de 48 horas.

En declaraciones a la prensa en su despacho de Caseros al 1000, dijo que el Gobierno Nacional “en vez de esperar que se audite a todas las personas para que tengan el derecho y la posibilidad de someterse a la auditoría, antes de terminar todo el circuito, las quitaron".

En la oportunidad lo acompañó el Coordinador General de Fiscalía, Pablo Gustavo Buccianti y la Coordinadora de Administración y Recursos Humanos de la Fiscalía de Estado, Ana Carolina Geist.

Según declaró hubo “morosidad de Estado Nacional en realizar estas auditorías y, en virtud de esta morosidad, lamentablemente, indiscriminadamente, anularon prácticamente muchísimas que sí correspondían. Entonces, en virtud de lo que nos compete por Constitución, nuestra Constitución provincial que establece al Gobierno la preservación y la obligación de establecer la salud física, psíquica y emocional, así lo dice la Constitución provincial, tenemos que hacer esta acción de amparo".