El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta, junto con CODELCO y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Salta, ha promovido un amparo colectivo ante la justicia federal. La demanda busca garantizar que el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía (RASE) permanezca abierto de manera continua, permitiendo a los usuarios actualizar sus datos socioeconómicos y asegurando un correcto encuadre en el régimen de segmentación tarifaria.

Uno de los puntos más críticos del reclamo es la falta de transparencia en la categorización de los usuarios. Según Saravia, la resolución no explica con claridad por qué ciertos ciudadanos han sido ubicados en una u otra categoría, lo que genera confusión y perjuicio económico. En su denuncia, el funcionario ejemplificó la situación con el caso de un jubilado que apenas tiene recursos para comprar medicamentos y comida, pero que ha sido clasificado como si tuviera ingresos elevados.

Otro aspecto que ha generado controversia es la implementación del trámite de revisión exclusivamente por internet o en oficinas de la empresa LANCES. Saravia criticó esta medida, señalando que “jamás atendieron a nadie en estos dos años” y que las zonas rurales y el interior profundo de Salta enfrentan serios problemas de conectividad, lo que impide que muchos usuarios puedan realizar el trámite.

La falta de alternativas presenciales para gestionar la revisión de los subsidios ha sido uno de los principales argumentos del amparo colectivo. La presentación judicial solicita que se habiliten vías alternativas para aquellos ciudadanos que no tienen acceso a internet o que viven en regiones donde los organismos públicos nacionales no pueden garantizar atención presencial.

La Resolución 218 ha generado incertidumbre entre los beneficiarios de los subsidios energéticos. Según el Ente Regulador de Salta, 34.136 usuarios que anteriormente estaban encuadrados en el régimen de tarifa social provincial han sido clasificados como N1 en la segmentación nacional, es decir, como usuarios de altos ingresos. Este cambio ha sido interpretado como un error de información, ya que muchos de estos ciudadanos no cuentan con los recursos suficientes para afrontar el costo total de la energía.

A partir del 5 de agosto de 2024, aquellos usuarios que no hayan logrado inscribirse en el RASE perderán el subsidio sobre el precio estacional de la energía. Ante esta situación, el amparo colectivo solicita que se incluya provisoriamente y automáticamente a estos usuarios en el Nivel 2 de la segmentación y que se prorrogue por 90 días hábiles el plazo de inscripción, hasta que se realice una campaña informativa eficiente.

El reclamo de Salta ha sido presentado ante el Juzgado Federal, donde ya se tramita una acción de amparo que permanece sin resolución desde hace un año. Saravia expresó su esperanza de que la justicia brinde una respuesta que garantice el derecho constitucional a la información adecuada y veraz para todos los usuarios.

El caso de Salta no es aislado. En otras provincias, como en la Zona Fría, el gobierno ha implementado modificaciones en los criterios de acceso a los subsidios, afectando a más de 150.000 usuarios que ahora deben acreditar su vulnerabilidad económica para mantener el descuento tarifario.